Por Esteban Espinoza
San Luis Potosí, S.L.P. — En medio de un ambiente marcado por la intimidación, manipulación del voto y falta de intervención de las autoridades electorales, este domingo se llevaron a cabo las elecciones del Poder Judicial en distintas zonas del estado, particularmente en comunidades rurales y colonias populares.
Funcionarios estatales, directivos y personal de instituciones educativas ligadas del gobierno como el instituto tecnológico de Rioverde realizaron envíos de sus teléfonos personales a alumnos y personal como una prueba intimidatoria para votar por candidatos propuestos por su partido politico
Ciudadanos denunciaron que el proceso transcurrió entre acarreos organizados, uso de “acordeones”, mensajes de amenazas directas y una intensa vigilancia por parte de operadores políticos ligados a programas sociales de los gobiernos estatal y municipales, vinculados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Una de las zonas con mayores señalamientos es el municipio de Rioverde, donde habitantes informaron haber recibido mensajes un día antes con la instrucción de asistir a reuniones relacionadas con la supuesta “elección” de jueces, cuyos nombres —según testimonios— ya estaban previamente definidos por las autoridades municipales.
“Nos dijeron que ya había un juez y que lo que hiciéramos no importaba, que siguiéramos la línea del partido si queríamos seguir recibiendo los apoyos”, compartió una jefa de colonia que pidió el anonimato por temor a represalias.
En diversos puntos se observó la presencia de funcionarios públicos, responsables de programas sociales y líderes de colonias, quienes operaron con total impunidad bajo la mirada pasiva de autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Además, testigos mencionan que elementos de seguridad pública se encontraban en las cercanías de las casillas, sin intervenir ante las irregularidades, lo que ha generado preocupación por el clima de presión e intimidación.
Organizaciones civiles y líderes comunitarios exigen una pronta investigación y la intervención de autoridades federales para garantizar la legitimidad de este proceso y proteger a la ciudadanía del uso político y clientelar de los recursos públicos.
