Ante el incremento de la inseguridad en el país, al menos tres estados han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa. La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia de los gobernantes para reducir los índices delictivos, han alertado expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma.

El primero en regular la legítima defensa fue Nuevo León. El Código penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa —por ejemplo, un ladrón—, no incurría en ningún delito. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”. El código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.

El segundo estado en adoptar esta medida fue Baja California Sur. El 21 de junio, tras argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia. En la iniciativa se argumenta que es necesario darle al ciudadano más seguridad en la forma en que será tratado en caso de ocasionar daños al repeler un ataque. “Si el estado no tiene la capacidad de otorgarle (al ciudadano) la vigilancia y la defensa por parte de los cuerpos policiacos, debe darle la garantía de apoyarlo en las consecuencias de los actos no dolosos que pudiera ocasionar durante su defensa”, se expone en el documento.

En Guanajuato los diputados locales aprobaron el pasado 29 de junio modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa. “La legítima defensa no es una licencia para matar ni de venganza”, justificó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González. “El tema de legítima defensa es que con lo que tengas a la mano te puedas defender y no vas a estar imputado por homicidio”, declaró a un medio local.

México vive una violencia imparable. En mayo los homicidios rompieron récord al superar los registros que había desde 1997. Otros delitos como el robo y la extorsión también han tenido un considerable repunte. Sin embargo, la ampliación de esta figura legal no sirve para reducir la violencia, afirma Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de justicia e impunidad. Al contrario, son propuestas populistas que promueven la portación y la circulación de armas de fuego que pueden derivar en accidentes dentro del hogar. “Frente a la impunidad de los gobiernos locales para castigar uno de los delitos más importantes que es el robo a casa habitación, esta es una alternativa irresponsable por parte de grupos parlamentarios o gobernantes”, afirma el académico.

Los estados que van por la despenalización

En Tamaulipas. uno de los estados más golpeados por la violencia, los empresarios han pedido una modificación legal como que la se aprobó en su vecino Nuevo León. Hugo Treviño, líder de la Cámara Nacional de Comercio, ha argumentado que se debe cambiar el Código Penal porque la disposición actual protege más al delincuente que a la víctima. “Es necesario recibir un disparo, que te entierren un cuchillo o que se lo hagan a tu familia para poder alegar legítima defensa”, declaró hace unos días a medios locales.

El robo a vivienda ha ido en aumento en Jalisco. Mientras que de enero a mayo de 2016 hubo 1.735 carpetas de investigación, en el mismo periodo de este año, se han presentado 1.941 denuncias, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tras el aumento en los índices delictivos, la diputada del PRI, María del Refugio Ruíz Moreno, ha anunciado que propondrá cambios al código penal para establecer que “actúa en legítima defensa quien cometa lesiones u homicidio a un intruso que realice un escalamiento o fractura de las cercas, paredes o entradas de su casa, departamento o local”.

En Baja California un diputado local también propuso ampliar los alcances de la legítima defensa, pero a favor de los negocios comerciales. Jorge Eugenio Núñez Lozano, quien presentó la iniciativa a finales de junio, explicó que la modificación busca amparar a los comerciantes y a los empleados que quieran defenderse de una agresión o la intromisión de un delincuente. La respuesta no ha sido bien recibida. El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre, dijo que esta medida no es la respuesta a la inseguridad. “No podemos solucionar un problema de violencia con más violencia. Armar a la sociedad nunca podrá ser la solución”, aseguró en una entrevista radiofónica.

En Quintana Roo el diputado Ramón Javier Padilla declaró al diario Novedades que la Comisión de Justicia revisará la norma penal para analizar si se realizan cambios parecidos a los que se hicieron en Guanajuato, Baja California Sur y Guanajuato. En el vecino Campeche, la semana pasada el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) mandó al Congreso local una iniciativa para que la víctima de un delito pueda repeler “una inminente agresión” sin que se le penalice.

En Tabasco la bancada del PAN presentó una iniciativa con el mismo objetivo, mientras que en San Luis Potosí, donde existe una propuesta similar, los legisladores advirtieron que antes de dictaminar la iniciativa, se someterá al debate ciudadano. Rodríguez Sánchez Lara considera que los diputados, antes de aprobar los cambios a la norma, deben evaluar las consecuencias. “Un arma de fuego sirve de poco para contener a un agresor. Es más alta la probabilidad que ocurra un accidente con esa arma, a que se pueda evitar un delito porque la ventaja que tiene un ladrón es superior a la persona que se puede defender con un arma”, explica.

ElPaís