Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó en sesión ordinaria la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enfocada en la reducción de privilegios dentro del servicio público, la cual fue previamente enviada por la Cámara de Diputados.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea modificaciones relevantes en distintos artículos de la Carta Magna, con el objetivo de generar austeridad, fortalecer la equidad y regular las percepciones de servidores públicos.
Uno de los cambios centrales se da en el artículo 115 constitucional, donde se redefine la integración de los ayuntamientos. Se establece que cada municipio será gobernado por un cuerpo edilicio electo por voto directo, conformado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, garantizando en todo momento la paridad de género, la igualdad sustantiva y la inclusión de perspectiva de género.
Además, se señala que las adecuaciones en la integración municipal entrarán en vigor en el siguiente periodo administrativo de cada entidad, y que los recursos derivados de la reducción de integrantes en cabildos deberán incorporarse a la hacienda pública municipal.
En cuanto al gasto legislativo, la reforma al artículo 116 establece que los congresos locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad correspondiente, lo que obligará a realizar ajustes presupuestales en futuras legislaturas.
Otro de los puntos destacados es la adición al artículo 134, donde se fijan límites a las remuneraciones de consejeros electorales, magistraturas y altos funcionarios de órganos electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los establecidos para el Ejecutivo federal.
Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos para la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, planes de retiro especiales u otras prestaciones no contempladas en la ley.
La minuta también establece que tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales deberán armonizar su legislación antes del 30 de mayo de 2026, a fin de aplicar correctamente estas disposiciones.
En lo referente al Senado, se contempla una reducción gradual de su presupuesto en un plazo de cuatro años, con la meta de alcanzar un recorte del 15 por ciento respecto al monto aprobado para 2026.
Durante el análisis del dictamen, participaron diversas y diversos legisladores, quienes expusieron sus posicionamientos en torno a los alcances de la reforma y su impacto en el manejo de los recursos públicos.