Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, denunció abuso de autoridad y actuación parcial del presidente del Tribunal Electoral, el Magistrado Felipe Fuentes, en el caso de recursos vinculados con la renovación de la dirigencia de su partido.

En Twitter, en un mensaje que califica como “grave y urgente”, el diputado retoma la denuncia de los magistrados de la Sala Superior Reyes Rodríguez y Janine Otálora que a través de un escrito se inconformaron con la postergación de la resolución de diversos recursos relacionados con la elección interna en ese instituto político.

Incluso, remite al documento de los dos magistrados hecho público después de sacar de la sesión pública del miércoles de la Sala Superior la resolución de los asuntos de Morena.

“Los magistrados del TEPJF Janine Otálora y Reyes Rodríguez denuncian al Presidente por abuso de sus atribuciones, actuando de modo parcial en la contienda interna de morena y ordenándole al INE acciones ilegales”, escribió Muñoz Ledo.

En un segundo tuit, el diputado pide se investiguen supuestos sobornos en torno a la renovación de la dirigencia y a ese tipo de acciones.

“Suponen sobornos multimillonarios de contendientes de nuestro propio partido. Exigimos investigación y sanciones correspondientes”, añadió.

En un documento hecho público el miércoles, los magistrados consideraron un manejo indebido de esos temas por parte del presidente de la Sala Superior al desestimar la urgencia de resolución de los asuntos de Morena, argumentando saturación de agenda.

“Definir la urgencia de la resolución de los casos vinculados a la renovación de la dirigencia del partido Morena, a partir de criterios no objetivos o inconstantes, puede generar la percepción de que este Tribunal resuelve de forma estratégica”, indicaron.

“Acelerando o retrasando la definición de situaciones relevantes, en vez de desempeñar su rol de árbitro que contribuye a la solución de conflictos a partir de pronunciamientos necesarios y oportunos, atendiendo a la naturaleza de las situaciones”.

“El retraso en la solución de casos urgentes simplemente implica una denegación de la justicia. Ignorar la responsabilidad que tenemos en la seguridad jurídica es ignorar la responsabilidad de las y los jueces en la garantía de un acceso efectivo y pronto y en el rol que ello juega en la vida democrática del País”.

Para los magistrados Rodríguez y Otálora, son los propios casos los que indican cuando deben ser resueltos, “no quienes juzgan”, por lo que criticaron decisión de retrasar su solución del presidente del Tribunal.