El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados lanzó un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador para que considere aplicar el Ingreso Mínimo Vital para las y los ciudadanos que perdieron sus ingresos por motivo de la pandemia por Covid-19 y que no tienen acceso a los programas federales, como es el caso de las personas afrodescendientes.
La diputada federal por el Estado de Veracruz, Azuzena Rodríguez, detalló que la propuesta consiste en otorgar un monto de tres mil 746 pesos, durante tres meses, siendo factible mediante su instauración en el Programa de Emergencia Social o Natural a cargo de la Secretaría de Bienestar y que surge por la necesidad que el Estado Mexicano, esté en capacidad no solamente de responder en el momento de la emergencia para salvaguardar vidas humanas o bienes, sino también de garantizar el bienestar de las poblaciones ante cualquier tipo de problemática que implique privar a las personas o familias de las condiciones mínimas para el bienestar integral.
A través de un punto de acuerdo la diputada Azuzena Rodríguez consideró que este ingreso sería de mucha utilidad, para los sectores de la población vulnerable que no cuentan con la cobertura de programas federales o locales, y carentes de la cantidad mínima de recursos para afrontar sus necesidades básicas, cuyos ingresos se vieron afectados por la pandemia.
“Uno de estos grupos excluidos en su mayor parte de los programas sociales y que de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Banco Mundial y de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), son las personas afrodescendientes las que reportan bajos porcentajes en activos económicos y empleos formales” opinó la perredista.
Precisó que dentro de este grupo tanto las mujeres, como las y los trabajadores rurales afrodescendientes son quienes registran las cifras de desempleo y precarización laboral más altas en comparación a la población general, aunado a la discriminación estructural. Rodríguez Zamora dio a conocer que de acuerdo con cifras del INEGI la pandemia y las subsecuentes medidas de confinamiento ocasionaron la pérdida de 12.5 millones de trabajos en el mes de abril, así como la disminución de población ocupada que pasó de 55.7 millones en marzo a 45.4 millones en tan solo un mes, y que de las 13.2 millones de personas disponibles para trabajar en junio de 2020, 5.6 millones dejaron de trabajar debido a la suspensión temporal de su trabajo sin recibir pago.
