Para iniciar los trabajos, deberán integrarse comisiones y dar parte a la ASE de su conformación, a más tardar el 17 de agosto.
*.- Corresponde a las autoridades salientes las comisiones de entrega y enlace; a las electas la de recepción y nombrar un secretario técnico.
*.- Rocío Cervantes, Auditora Superior del Estado, exhorta a los servidores públicos para que cumplan a la brevedad esta obligación, no hacerlo conlleva sanciones hasta penales.
La Auditoría Superior del Estado anunció, en lo relativo a los procesos de entrega – recepción, que la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, obliga a los ayuntamientos a integrar cuatro comisiones en un plazo igual o mayor a 45 días antes del acto protocolario. Asimismo, prevé que los municipios informen de manera inmediata al organismo fiscalizador, la conformación de este precepto para que previo análisis, emita una declaratoria de integración de las comisiones.
Este plazo vence el próximo 17 de agosto y a prácticamente una semana de agotarse el tiempo, solo cuatro de 58 ayuntamientos han dado parte a la ASE, sobre la integración con las formalidades de ley, de estas figuras que deberán intervenir en el proceso de entrega-recepción, a concluir con los respectivos actos protocolarios, el próximo primero de octubre.
Es por ello que la titular del organismo fiscalizador, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, exhorta tanto a las autoridades municipales salientes como a las electas, para que con independencia de los acercamientos que ya estén llevando a cabo, den cumplimiento a esta disposición que en el caso de los salientes corresponde las comisiones de entrega y enlace, mientras que a los entrantes compete la comisión de recepción y nombramiento de un secretario técnico.
Finalmente, Cervantes Salgado manifestó que la propia ley prevé que los servidores públicos sujetos a la entrega- recepción final de un periodo constitucional, no se deslinden de las obligaciones del cargo, incluida esta responsabilidad, pues en caso de caer en omisión, la ASE deberá señalar las responsabilidades a que haya lugar, y promover las sanciones administrativas y hasta penales que se determinen
