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DIF estatal actúa con estricto apego a la ley para proteger los derechos humanos y salvaguardar la integridad física de las personas adultas mayores

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El DIF Estatal a través de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores (PDPAM), cumple el mandato legal de vigilancia, defensa y de representación a favor de las personas adultas mayores en su persona, bienes y derechos para preservar su vida, salud física y mental, así como su seguridad e integridad, garantizando el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, tal como lo prevé la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí y, el Reglamento interior del DIF Estatal.

El operativo implementado este miércoles 22 de septiembre de 2021 por personal de la PDPAM, con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Órgano Interno de Control del DIF Estatal, obedece fundamentalmente a garantizar el respeto de los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física de las personas adultas mayores albergadas en el asilo Macondo, a partir de petición realizada por su Director, Saúl Montenegro Mendoza, con fecha 10 de septiembre de 2021.

En un intento de sorprender a la administración entrante, el Director del Asilo Macondo argumenta que el DIF Estatal egresó sin consentimiento y con uso de la fuerza pública a adultos mayores, información que se niega categóricamente toda vez que se trató del egreso de una persona adulta mayor por voluntad propia según consta en acta.

Asimismo, argumenta un supuesto adeudo, el cual es inexistente, en virtud de que el DIF Estatal desde el año 2020 no mantiene relación contractual con el Asilo Macondo, ni con su Director, debido a que no cuenta con los requisitos fiscales necesarios, ni se trata de una asociación acreditada como donataria.

Cabe mencionar que, los adultos mayores que se involucran en el presente caso pagan su propia estancia con sus pensiones, tal como se asentó en los expedientes de esta dependencia.

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