• El programa beneficiaba a escuelas con alto grado de marginación, ubicadas en el ámbito rural o indígenas.
• Su anulación deja a por lo menos 65.8% de la población sin el primer alimento que consumía en el día y sin la posibilidad de atender la desnutrición y malnutrición que afecta a niñas, niños y adolescentes.
Jueves 3 de marzo. La Red por los Derechos de las Infancias en México (REDIM) se une a todas las voces de la sociedad civil para condenar la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien mediante la oficialidad de las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra” (LEEN) ha ejecutado la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, a pesar de que viola los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes en el país.
La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo el Acuerdo 05/02/2022 es contraria a lo establecido en el artículo 1ro constitucional en el que se establece que la garantía a los derechos debe hacerse de manera progresiva, ya que es un retroceso en la protección a los derechos a la educación, alimentación adecuada y al pleno desarrollo que niños, niñas y adolescentes deben tener. Recordemos que todos los derechos se encuentran relacionados y son interdependientes, por lo que la afectación al derecho a una alimentación adecuada repercute a su vez en el derecho a la protección a su salud. Programas como los de escuelas de tiempo completo constituyen un elemento esencial en el desarrollo de las infancias. Su cancelación es una resolución contraria también al interés superior de la niñez, principio establecido en el 4to constitucional y conforme al cual, las decisiones de las autoridades deben ser analizadas y evaluadas en términos de un mayor beneficio hacia las infancias.
Este grave retroceso a los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes ocurre, además, en un contexto en el que las infancias y adolescencias han sido afectadas por la pandemia. Que esta decisión se produzcan sin que el Estado haya subsanado la recuperación escolar de los aprendizajes académicos para los millones de niñas, niños y adolescentes que estuvieron sin clases presenciales, y en medio del retorno a las escuelas, muestra una omisión dañina ejercida por quienes tienen el deber de garantizar sus derechos en México.
Desde REDIM hemos documentado con suficientes evidencias que la escuela es un espacio de protección y seguridad para las niñas, niños y adolecentes, quienes son vulnerables ante las desigualdades y diversas formas de violencia, que en el caso de México tiene sus peores expresiones en el reclutamiento por parte de grupos delictivos y el crimen organizado; la venta de niñas, trata, desapariciones, trabajo infantil y cualquier cantidad de abusos y violaciones a los que tanto ellas y ellos están expuestos cuando pasan menos tiempo en las escuelas. El ámbito escolar representa un elemento esencial para la prevención de su acercamiento a la delincuencia organizada. Esta medida, finalmente, no sólo afecta derechos sino que también pone en riesgo el pleno desarrollo de la niñez.
Investigaciones y datos aportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ilustran de igual manera el impacto que esta decisión tendrá en la vida de niños, niñas y adolescentes, pues el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) tiene como objetivo implementar […] el uso eficaz de la jornada escolar entre 6 y 8 horas diarias, así como establecer las líneas de trabajo educativas para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, con el fin coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. […].
Se calcula que para 2019, al menos 27,063 escuelas de educación básica eran atendidas por este programa, cuyos apoyos ofrecía subsidios que se entregan por única ocasión, clasificados como: 1. Técnicos: […] y 2. Financieros para […] el servicio de alimentación (en escuelas públicas que atiendan población escolar con elevados índices de pobreza y marginación ubicadas en los municipios comprendidos en la Cruzada contra el Hambre -CCH) […].
Además, la mayoría de las escuelas que han resultado beneficiadas se ubican en municipios con alto grado de marginación, así como en el ámbito rural (87.3%) y escuelas indígenas (21%), tal como en su momento lo pudo comprobar UNICEF en su visita a Guanajuato, Puebla y Yucatán durante el ciclo escolar 2017-2018, en el que 74.3% de las escuelas de tiempo completo (ETC) en estas entidades, contaban con el servicio de alimentación (SA). De acuerdo con la ficha de Monitoreo de la CONEVAL, 65.8% de la población encuestada señaló que el primer alimento que consumía en el día era brindado por el servicio de alimentación del programa escuelas de tiempo completo, lo que permitió atender a males como la desnutrición y malnutrición que hoy siguen afectando a la niñez en México.
Pero anular este programa no sólo deja a más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes sin el resguardo escolar y en total desamparo. También atenta contra los avances alcanzados en sistemas más igualitario en el cuidado de niños y niñas y la inclusión laboral de madres, a propósito de conmemorarse próximamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues la medida también va impactar a las familias y en concreto a las mujeres, quienes serán obligadas a buscar empleos
más precarios de medio tiempo o incluso tendrán que evaluar la posibilidad de replantearse si pueden trabajar o no.
En REDIM queremos condenar asimismo la omisión de la autoridades, quienes publicaron la decisión, pese a expresar la disposición a dialogar con organizaciones de la sociedad civil, quienes han ido reclamado su inconstitucionalidad y regresividad en derechos, sin considerar tampoco los aportes interinstitucionales de la Comisión para el Regreso a Clases Presenciales. Tal como lo denunció en su momento la organización Mexicanos Primero, la operación prevista del PLEEN para 2022 quedó plasmada tal como desde el inicio mostró el Anteproyecto, eliminando los componentes 2 y 3 que estuvieron contemplados en el PLEEN de 2021 en relación a la puesta en marcha del programa.
Llamamos a la SEP y a sus autoridades a corregir esta regresividad que está ampliando la violación a los derechos que ya están sufriendo niños, niñas y adolescentes en la actualidad y que a su vez afecta a las familias, especialmente a las mujeres. Asimismo, instamos a crear espacios de diálogo con las comunidades escolares. Recordamos que niñas, niños y adolescentes son sujetas de derechos, quienes representan a más de 38 millones de personas en México y que una vez más, están sido invisibilizadas con esta decisión. Urgimos al Estado a reencauzar esta medida hacia un modelo de protección de derechos más amplios y progresivos en el resguardo de las infancias que eran beneficiadas mediante este programa y que ahora se encuentran en un estado de desprotección y vulnerabilidad.
