Por Jerónimo D Galván

El plan B está en marcha. De no lograr el apoyo de dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados para aprobar la Reforma Electoral, es decir, 334 votos, Morena aplicaría modificaciones a leyes reglamentarias en materia electoral que irían, incluso, más allá de los alcances que planteaba en un principio la propuesta de cambios del presidente a la Constitución.

Fue el lunes 14 cuando el principal encargado de las gestiones del Grupo de Trabajo que revisa las 107 iniciativas en torno al tema, presentadas en San Lázaro por diversos partidos, dio el golpe sobre la mesa. Morena lanzó un ultimátum: o se trabaja en el acuerdo para elaborar un dictamen de consenso antes del 23 de noviembre, o votarán en el Pleno el dictamen del Ejecutivo federal en sus términos.

La advertencia no fue fortuita. Aunque la bancada del PRI había mostrado apertura para negociar una reforma, incluso constitucional en temas específicoscomo la reducción de prerrogativas de partidos, la marcha del domingo 13 en defensa del INE parece haber cambiado su posición. A la mañana siguiente en el Comité Ejecutivo Nacional, su presidente, Alejandro Moreno, anunció: “No vamos a apoyar ninguna reforma, jamás, que atente contra el Instituto Nacional Electoral y contra el Tribunal Electoral”.

Esta renovada convicción para negar sus 69 votos a Morena y aliados, y poder avanzar con cambios a la Constitución, derivó en una reconciliación con sus aliados: Acción Nacional y el PRD, con quienes anunciaron la reactivación de la alianza legislativa “Va Por México” en la Cámara de Diputados, tras el diferendo por la extensión del apoyo de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028.

Atajo legislativo

El lunes 14, a un día de la movilización sobre Paseo de la Reforma, apareció el diputado Hamlet García, representante de Morena en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, para lanzar el ultimátum de su coordinador.

El límite para llegar a un acuerdo de dictamen para una Reforma Electoral reducida, con apenas unos cuatro puntos de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, debería darse a más tardar el miércoles 23.

En caso contrario, dijo, se llevaría al Pleno en sus términos la Reforma Electoral del presidente López Obrador el miércoles 30 y, de ser rechazada, activarían el ‘Plan B’: las reformas a las leyes secundarias que sí puede aprobar el bloque “Juntos Hacemos Historia” en San Lázaro con mayoría simple, la mitad de los presentes más uno.

“Nos bastan los votos con nuestros aliados para poder transitar en un Plan B que sería esta reforma secundaria”, sentenció el legislador.

Las normas sujetas a cambios serían tres, principalmente: la Ley General de Partidos, la Ley General de Medios de Impugnación y la Ley General de Procedimientos Electorales. Estas serían modificadas, afirmó el coordinador Mier Velazco, sin siquiera recurrir a los grupos de oposición: “Entonces nos iremos sólo con lo que nosotros consideramos que es lo que México merece y que las encuestas lo han reiterado”.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva de los diputados, Santiago Creel Miranda, desechó los alcances de lo que pudiera modificar el grupo mayoritario sin cambiar a Constitución Mexicana. “El presidente (López Obrador) no puede cambiar absolutamente nada de lo que incluye el corazón de su (iniciativa de) reforma (constitucional)”.

Respecto del artículo 41 de la ley suprema, el panista Creel Miranda mencionó que, durante su elaboración, prácticamente protegieron el andamiaje electoral: “Por qué lo redactamos, es uno de los artículos más extensos de nuestra Constitución, precisamente para que no pueda pasar esto porque el proceso logrado fue tan difícil y nos costó tanto tiempo el llegar, que hicimos prácticamente una ley reglamentaria”.

Este apartado de la norma que rige al país regula la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), la integración de los tribunales electorales del ámbito federal y local, el financiamiento a partidos, así como la autonomía e integración del INE.