Una situación de riesgo está cobrando protagonismo en el ejido Progreso, ubicado en Río Verde, donde más de 20 mil hectáreas de tierras ricas en ganadería y agricultura diversa se encuentran amenazadas por un conflicto legal que ha sido catalogado como inadecuado y cuestionable por las autoridades ejidales. Este asunto ha suscitado una creciente preocupación y tensión en la región.
El litigio, que involucra a múltiples ejidos en la zona, podría llevar a la pérdida de estas valiosas tierras, incluyendo la zona urbana, en manos de particulares. Se alega que individuos respaldados por abogados y políticos locales han logrado una ventaja injusta en un proceso legal que podría resultar en el despojo de más de 650 ejidatarios que dependen de estas tierras para su sustento.
Las autoridades ejidales, incluyendo a Víctor Miranda, Adrián Gudiño y Nereyda Martínez, han expresado su inquietud por lo que consideran un proceso legal manipulado que se llevó a cabo en juzgados del Fuero Común. En este proceso, la familia Jordán Gerardo se adjudicó estas tierras a través de un juicio sucesorio intestamentario. Los representantes legales del ejido Progreso cuestionan la legitimidad de los documentos presentados por esta familia y advierten que podría carecer de validez oficial.
El conflicto se agrava debido a la afirmación de la familia Jordán Gerardo de que solo están recuperando cascos de hacienda sin afectar la tierra de cultivo. Sin embargo, las autoridades ejidales insisten en que esta afirmación es falsa, ya que Progreso cuenta con una dotación de tierras de aproximadamente 14 mil hectáreas.
Esta situación ha desatado tensiones en la región y ha provocado amenazas y confrontaciones. Las autoridades ejidales han dejado en claro su compromiso de defender el patrimonio de los ejidatarios y sus familias de manera legal y honesta. Al mismo tiempo, han hecho responsable a la familia Jordán Gerardo de cualquier acción criminal que pueda surgir como resultado de este conflicto.
El riesgo de despojo en el ejido Progreso pone de manifiesto la importancia de abordar adecuadamente los conflictos de tierras y la necesidad de una resolución justa y transparente para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
