Al considerar que la municipalización de Villa de Pozos no se ha realizado apegada a la legalidad, y tiene muchas lagunas que pone en riesgo el procedimiento, la diputada, Gabriela Martínez Lárraga subrayó la importancia de evitar problemas jurídicos al Congreso y garantizar seguridad y servicios a los habitantes Pozeños .
“Yo creo que empezamos mal desde el origen,” declaró la diputada, enfatizando la necesidad de que el departamento jurídico del Congreso asegure que los procesos legislativos se lleven a cabo de manera adecuada. La diputada resaltó que, aunque se pueden recibir opiniones técnicas de abogados del Ejecutivo del Estado, es esencial que el poder legislativo mantenga su independencia y rigor jurídico.
Martínez Lárraga señaló que el dictamen para la constitución de Pozos como municipio presentaba numerosas irregularidades y lagunas, y expresó su preocupación por la rapidez con la que se están aprobando algunas iniciativas sin la debida revisión. “Ha habido muchas de estas iniciativas que pasan de manera muy rápida, y que realmente los dictámenes no vienen bien constituidos,” comentó.
La diputada también abordó las implicaciones prácticas de la municipalización, mencionando la necesidad de definir claramente cómo se gestionarán los servicios públicos y la transición administrativa. En un acto de buena fe, se ha establecido que el Ayuntamiento de San Luis Potosí continuará brindando servicios hasta que el nuevo municipio pueda constituirse y realizar elecciones.
“Nosotros como legisladores nunca debemos de perder de vista que nuestra función es legislar adecuadamente y en base a la ley,” afirmó Martínez Lárraga. Además, hizo un llamado a mejorar la calidad de la asesoría jurídica en el Congreso, destacando la necesidad de contar con asesores con mayor experiencia y expertise para garantizar un trabajo legislativo de calidad y profesionalismo.
