Esteban Espinoza
EL ORÁCULO
El Ayuntamiento de Rioverde, encabezado por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, ha cruzado un límite peligroso en el ejercicio del poder, convirtiendo la administración municipal en un campo de batalla personal. Lo que debería ser un gobierno al servicio del pueblo se ha transformado en un escenario de maniobras políticas sucias, amenazas y violaciones flagrantes al estado de derecho.
El caso de Salvador López Aguilar, regidor electo por representación proporcional, es un ejemplo alarmante de cómo el alcalde y su equipo han decidido ignorar la legalidad para imponer su voluntad. Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de López Aguilar, ordenando que se le tome protesta en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, las acciones del Ayuntamiento apuntan a que están dispuestos a sabotear incluso las resoluciones judiciales con tal de mantener su control.
La regidora Rosa María Huerta Valdez, una pieza clave en este juego de poder, ha protagonizado actos de intimidación y abuso contra funcionarios judiciales en su intento por evitar que López Aguilar asuma su cargo. Las denuncias de los propios trabajadores del Juzgado de Rioverde son reveladoras: Huerta Valdez llegó a las instalaciones exigiendo medidas de protección, insultando y amenazando con represalias políticas. ¿Esta es la cara del servicio público en Rioverde?
No es casualidad que detrás de estas maniobras se encuentren empleados municipales como Virginia Aguilar y Laura Janeth Castillo Aguilar, quienes, desde sus cómodos sueldos en la nómina del Ayuntamiento, actúan como piezas de un esquema orquestado para presentar denuncias fabricadas. La estrategia es clara: usar a la policía municipal como brazo ejecutor para hostigar y detener a López Aguilar, sin importar el costo para la integridad de las instituciones locales.
Estas dos personas entran en conflicto de intereses, y queremos pensar que son obligadas a denunciar al regidor, simplemente porque están en la nomina del municipio; Virginia Aguilar , adscrita a Fomento al Deporte, con un sueldo de 7 mil 689 con 45 centavos al mensuales y Laura Janeth Castillo Aguilar, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, con un sueldo de 10 mil 926 pesos con 36 centavos al mes.
Y en esté espacio, le dejamos la liga de la fuente de nuestra información, donde usted puede checar no solo a estos personajes en la nomina del municipio, si no, a todos http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/0/e44acfc09ef0ebac06258bd3006744db?EditDocument&Start=1&Count=3500&Expand=10.15&Seq=3, por que es importante tener las pruebas para hablar de los temas.
La indignación es palpable incluso dentro del Ayuntamiento. Trabajadores cansados de ser cómplices involuntarios de estos atropellos han alzado la voz, denunciando las prácticas abusivas que han roto la paz social en Rioverde. Lo más alarmante es que estas acciones no solo afectan a un individuo; están dañando la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones municipales.
Además, surge una grave sospecha de conflicto de intereses. El juez de lo familiar en Rioverde, quien podría tener injerencia en este caso, reside en una propiedad del alcalde Urbiola Román.
¿Cómo se puede garantizar imparcialidad cuando la justicia está literalmente bajo el techo del poder político?
El pueblo de Rioverde merece algo mejor que un gobierno que utiliza las instituciones para dirimir venganzas personales. Arnulfo Urbiola Román y su equipo deben recordar que su mandato no es un cheque en blanco para violar la ley y someter a sus ciudadanos a su voluntad. La sentencia del Tribunal Electoral es clara, y su cumplimiento no es opcional.
Es hora de que las autoridades estatales y federales vigilen de cerca este caso y garanticen que Salvador López Aguilar pueda ejercer el cargo para el que fue electo. Si permitimos que las chicanas y las amenazas sean el estándar en la política municipal, no solo habremos traicionado a Rioverde, sino también a los principios democráticos que todos deberíamos defender.
