Esteban Espinoza / San Luis Potosí
El sector transportista en San Luis Potosí vive una creciente preocupación ante el incremento de robos en las carreteras del estado, situación que, según sus propios registros, ha escalado un 28 por ciento en lo que va del 2024.
Raúl Torres Mendoza, delegado estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), advirtió que esta cifra dista mucho de las estadísticas oficiales y refleja una realidad cada vez más crítica para quienes circulan por las rutas potosinas. “Nosotros vemos cómo los asaltos van en aumento. Hay caminos que ya no se quieren transitar”, señaló.
Torres Mendoza lamentó la falta de presencia de corporaciones de seguridad en tramos considerados de alto riesgo, especialmente en zonas como Matehuala-Gualdacázar, El Huizache, y los límites con Guanajuato y Querétaro, donde los ataques a transportistas se han vuelto recurrentes.
En vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, el representante de Amotac hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a la Guardia Nacional y la Guardia Civil División Caminos, para que refuercen los operativos de seguridad y patrullaje.
Además de la inseguridad, el gremio enfrenta otro reto importante: la escasez de operadores. San Luis Potosí requiere más de 6 mil 500 conductores, mientras que a nivel nacional el déficit supera los 70 mil. Este desbalance, explicó, ha derivado en jornadas laborales extenuantes, lo que representa un riesgo adicional en carretera.
Aunque existen lineamientos que regulan los tiempos de descanso y actividad de los conductores, Torres Mendoza denunció que muchas veces no se cumplen ni se supervisan. “Pedimos que se apliquen las normas existentes, porque hay elementos que ni siquiera las conocen”, expresó.
Otro de los puntos señalados fue el abandono de los servicios médicos preventivos en carretera, los cuales permitían detectar condiciones de salud que pudieran poner en riesgo a los operadores. La ausencia de estos servicios, dijo, es una falla grave que puede derivar en accidentes.
Respecto a las pruebas antidoping, el dirigente reveló que muchas ya no se están realizando por falta de presupuesto federal, por lo que las propias empresas han tenido que asumir esa responsabilidad.
Torres Mendoza también condenó la persistencia de actos de rapiña tras accidentes vehiculares, una práctica que, además de ilegal, deja en la indefensión a los transportistas y en muchos casos con deudas significativas, ya que las aseguradoras suelen deslindarse o hacerlos responsables del robo de mercancía.
“Hay que hacer conciencia. Que la ciudadanía entienda que un accidente no da derecho a tomar lo que no es suyo, y que las autoridades actúen con firmeza”, enfatizó.
El líder transportista concluyó exigiendo a la Federación una estrategia real y efectiva de seguridad en carretera. “No basta con que lleguen, queremos que realmente trabajen. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero necesitamos respaldo institucional”.
