Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La legisladora Jessica Gabriela López Torres presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con el propósito de mejorar la supervisión en los centros penitenciarios del estado y garantizar una mayor protección a las personas privadas de su libertad.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para su estudio. Entre los puntos principales, se contempla modificar los artículos 26, 27, 54 y 63 de la ley, con el fin de establecer un Programa de Visitas Periódicas a penales y barandillas municipales, así como la elaboración de un diagnóstico anual que documente las condiciones de reclusión, incluyendo causas de fallecimientos, motines y otras situaciones relevantes.
López Torres explicó que esta iniciativa surge como una continuidad de un exhorto presentado en febrero, donde se pedían mejoras urgentes para las internas del Centro Penitenciario Femenil de Xolol. En tribuna, advirtió que este caso reflejó una crisis más profunda dentro del sistema penitenciario estatal, marcada por la sobrepoblación, la falta de servicios médicos adecuados, y la carencia de programas efectivos de reinserción.
“Estos no son casos aislados. Lo que vivimos es un rezago estructural que ya ha sido evidenciado por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el que San Luis Potosí obtuvo una calificación de apenas 5.95 este año”, puntualizó la legisladora.
La propuesta también busca dar un sustento legal a las visitadurías especializadas que actualmente operan en la CEDH, orientadas a atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad como personas indígenas, migrantes y personas privadas de libertad. Aunque dichas áreas ya están en funciones, su ausencia en el marco jurídico limita su eficacia, según la iniciativa.
López Torres lamentó que, en el diagnóstico más reciente, solo dos centros penitenciarios del estado fueran evaluados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual evidencia la necesidad de una supervisión más amplia y continua a nivel estatal.
“Esta reforma no busca favorecer a delincuentes, sino proteger la dignidad de seres humanos que hoy se encuentran en condiciones precarias”, recalcó. Asimismo, señaló que la propuesta se alinea con compromisos internacionales asumidos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De aprobarse la reforma, se contemplan entre 45 y 90 días naturales para implementar los cambios normativos necesarios, sin implicar nuevos costos para el presupuesto estatal.
Finalmente, la diputada exhortó a sus colegas a reconocer el impacto de sus decisiones legislativas: “Hoy tenemos la oportunidad de transformar realidades y avanzar hacia un verdadero respeto de los derechos humanos en nuestro estado”.
