Esteban Espinoza / San Luis Potosí
A pesar de las recientes manifestaciones protagonizadas por personal activo y jubilado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en San Luis Potosí, las inconformidades siguen latentes y las autoridades estatales continúan sin ofrecer una solución clara a las demandas laborales que arrastran desde hace varios años.
El conflicto, que involucra a más de 4 mil trabajadores entre custodios, policías de investigación, peritos y ministerios públicos, se ha agravado ante la falta de cumplimiento de compromisos previamente establecidos, como el pago de aumentos salariales retroactivos, la reactivación del servicio médico y la revisión de despidos considerados irregulares.
Aunque las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y otras oficinas de la SSPC fueron tomadas como medida de presión, hasta el momento no se ha dado respuesta formal ni se ha entregado la documentación oficial que confirme acciones por parte del Gobierno del Estado o de Pensiones del Estado para atender la problemática.
La molestia se ha extendido especialmente entre el personal jubilado, que no ha recibido los incrementos salariales autorizados para los ejercicios 2024 y 2025, lo que representa un adeudo considerable. Además, el servicio médico, que fue eliminado desde 2021, sigue sin restablecerse, lo que deja a los trabajadores y sus familias en una situación de vulnerabilidad.
A esto se suma el despido de al menos 20 elementos de la Guardia Civil Estatal, ceses que se han realizado sin explicación oficial ni fundamento legal transparente, generando un clima de incertidumbre dentro del gremio.
El silencio institucional, que se ha mantenido incluso después de compromisos de diálogo que no se cumplieron, ha incrementado la tensión entre los trabajadores, quienes advierten que continuarán ejerciendo presión hasta que sus derechos sean reconocidos y garantizados por la autoridad.
