Por Esteban Espinoza H
San Luis Potosí, S.L.P. – 26 de junio de 2025
Representantes comunitarios y ciudadanos de diversas regiones de San Luis Potosí denunciaron públicamente actos de injerencia por parte del Gobierno estatal, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y operadores políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la conformación de los Comités de Salud del programa federal “La Clínica es Nuestra”.
De acuerdo con testimonios recabados en comunidades rurales e indígenas, funcionarios estatales y simpatizantes del PVEM han desplegado una estrategia de presión política, intimidación e incluso violencia, con el fin de imponer perfiles afines al partido en el poder dentro de los Comités de Vigilancia y Contraloría Social, responsables de administrar los recursos asignados a clínicas de salud comunitarias.
“El programa fue creado para que la comunidad decida sin intermediarios, pero el gobierno estatal quiere controlar quién recibe los fondos y cómo se aplican”, denunció una representante comunitaria que solicitó el anonimato por razones de seguridad.
“La Clínica es Nuestra”, impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, tiene como objetivo el fortalecimiento de la atención primaria en comunidades mediante la entrega directa de recursos para mantenimiento, equipamiento y rehabilitación de centros de salud, sin intervención de gobiernos estatales o municipales.
Sin embargo, organizaciones sociales han documentado la presencia de operadores del PVEM en asambleas comunitarias, donde se ha intentado manipular o desestabilizar los procesos democráticos de elección de comités. Los denunciantes advierten que esta injerencia busca desvirtuar el propósito del programa, utilizando recursos públicos con fines de control político.
Colectivos ciudadanos han exigido la intervención inmediata del Gobierno federal para garantizar la transparencia y autonomía del programa, así como investigar y sancionar cualquier acto de coacción, violencia o uso indebido de recursos oficiales.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial sobre las denuncias.