Esteban Espinoza / Rioverde SLP
La violencia política en Rioverde quedó al desnudo durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero las pruebas que han emergido tras el fallido intento de secuestro del excandidato de Morena, Leobardo Guerrero Aguilar, revelan algo todavía más grave: los agresores están vinculados directamente al gobierno municipal de Arnulfo Urbiola Román.
Los aproximadamente diez sujetos que interceptaron a Guerrero Aguilar a las afueras del evento oficial —y que lo sacaron prácticamente cargado sin justificación alguna— no eran policías, como intentaron hacer creer, sino integrantes de un supuesto “anexo” para personas con adicciones, financiado con recursos del Ayuntamiento.
Sin embargo, nuevas evidencias visuales vinculan directamente a estos individuos con el entorno más cercano del alcalde. En fotografías recientes aparece este mismo grupo de hombres recibiendo apoyos del gobierno municipal, de manos de la originaria de Ébano, regidora Rosa María Huerta, quien incluso posa sonriente junto a ellos, después de entregarles despensas y cobijas.
Además, videos publicados por el propio Ayuntamiento y por la presidenta del DIF Municipal, Karina Quintero de Urbiola, muestran a estos mismos sujetos realizando labores de limpieza en el parque “Líneas”, como parte de un programa asistencial del DIF. La coincidencia no deja lugar a dudas: el grupo agresor no actuó por iniciativa propia, sino como brazo ejecutor de una estrategia oficial para intimidar a la oposición.
Lo ocurrido durante la inauguración del Hospital Regional, con la presencia de la presidenta de la República, fue más que una provocación: fue un intento cobarde de desaparecer del evento a una figura política incómoda para el alcalde. Sin autoridad visible, sin orden oficial, Leobardo Guerrero fue víctima de una operación orquestada desde el poder municipal.
A pesar de ello, Guerrero no cayó en la trampa de la violencia, y se espera que con estas evidencias, se interponga la denuncia correspondiente, no solo ante la Fiscalía del Estado y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; también recurrir a las instancias federales, porque existe la presunción de que pueden ser protegidos por el Estado.
El intento de agresión, dejó en evidencia el nivel de desesperación de Arnulfo Urbiola. Un alcalde que, a más de un año de la elección, ya no gobierna: reprime, amenaza y utiliza recursos públicos para atacar a sus opositores.
