Esteban Espinoza / San Luis Potosí
En un paso firme hacia la protección de la infancia y la garantía de justicia, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma que convierte en imprescriptibles los delitos de violencia sexual, feminicidio y desaparición forzada cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes.
Con esta reforma al Código Penal del Estado, presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, se establece que delitos como violación, estupro, feminicidio, homicidio calificado, homicidio por razón de parentesco, secuestro, desaparición forzada, así como abuso sexual, hostigamiento, acoso y difusión ilegal de contenido íntimo, no podrán eludir el castigo con el paso del tiempo si afectan a personas menores de 18 años.
La iniciativa modifica el artículo 110 y adiciona un artículo 183 bis, en respuesta a una deuda histórica con víctimas que muchas veces callan por años debido al miedo, la culpa o el estigma.
Durante la presentación de la reforma, Aradillas señaló que la infancia violentada suele vivir en silencio, arrastrando traumas que impiden denunciar de inmediato. “No podemos seguir permitiendo que el tiempo sea cómplice de los agresores”, puntualizó.
Además, recordó que todas las autoridades tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme a tratados internacionales.
La reforma no solo atiende la parte legal, sino que envía un mensaje claro: la justicia para las víctimas de violencia sexual infantil no tiene fecha de caducidad.
La legisladora también subrayó que muchas de estas agresiones ni siquiera llegan a registrarse oficialmente, lo que significa que las cifras conocidas representan solo una parte del problema.
“Los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes son una de las formas más crueles de violencia. Aunque su número crece, muchos siguen en la sombra, sin atención ni castigo”, advirtió.
Con esta decisión, San Luis Potosí marca un precedente al priorizar el derecho a la justicia sobre cualquier otra circunstancia, colocando en el centro la dignidad y la protección integral de la infancia.