Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
A partir del 20 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un programa piloto que requerirá a solicitantes de visas de turismo y negocios de ciertos países el pago de una fianza que podría ascender hasta los 15 mil dólares. La medida fue publicada recientemente en el Registro Federal como parte de una serie de disposiciones impulsadas por la administración de Donald Trump.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el objetivo del programa es garantizar que los visitantes temporales cumplan con los términos de su visa y evitar así gastos adicionales en caso de que permanezcan más allá del periodo autorizado. Esta iniciativa contempla el depósito de montos que van desde los 5 mil hasta los 15 mil dólares, el cual será reembolsado siempre y cuando el visitante abandone el país en tiempo y forma o se naturalice como ciudadano estadounidense. En caso contrario, el monto podría ser utilizado para cubrir gastos vinculados a un eventual proceso de deportación.
Los países sujetos a esta medida serán aquellos con altos índices de estadías prolongadas sin autorización y con sistemas de documentación interna considerados deficientes. También se incluirán aquellos que ofrecen esquemas de ciudadanía por inversión, especialmente cuando no se exige residencia previa al otorgamiento del pasaporte.
Aunque una versión anterior de esta política se planteó durante el primer mandato de Trump, su implementación fue interrumpida por la pandemia de COVID-19 y la drástica reducción de viajes internacionales. En ese momento, la lista contemplaba a cerca de 24 naciones, en su mayoría africanas.
Cabe destacar que los ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visa no serán afectados por esta disposición. Además, los funcionarios consulares tendrán la facultad de eximir del pago de la fianza en ciertos casos, según se detalla en el documento oficial.
Esta política migratoria se suma a otras medidas recientes, como la llamada “tarifa de integridad” de 250 dólares, prevista para entrar en vigor en 2026, que incrementará significativamente el costo de diversas visas de no inmigrante, entre ellas las de turismo, estudio y empleo.