San Luis Potosí está al borde de una tormenta financiera. La agencia calificadora Fitch Ratings lanzó una dura advertencia al degradar la calificación crediticia del estado, pasando de “A+ (mex)” a “A (mex)”, una señal clara del descontrol en las finanzas públicas potosinas bajo la actual administración.
El motivo: una alarmante dependencia de deuda de corto plazo, problemas severos de liquidez y un manejo riesgoso de los recursos públicos durante 2024. Pese a haber tenido ligeras mejoras operativas en años anteriores, el uso constante de créditos quirografarios —al filo del límite legal— ha deteriorado peligrosamente la capacidad financiera del estado.
Según Fitch, San Luis Potosí muestra un perfil de riesgo “Más Débil”, es decir, tiene una escasa capacidad para afrontar presiones financieras sin comprometer su desempeño. Una forma elegante de decir que, si se presenta una crisis, el estado simplemente no tiene con qué responder.
La situación es crítica: al cierre de 2024, el gobierno estatal tenía apenas 30 millones de pesos en efectivo, mientras que enfrentaba deudas de corto plazo por más de 6 mil 194 millones de pesos.
Aunque en 2025 se ha recuperado algo de efectivo, sigue siendo insuficiente. La calificadora incluso recortó la nota del crédito Banorte 15, vinculado directamente a las finanzas estatales, reflejando el creciente riesgo que perciben los inversionistas al prestar dinero al gobierno potosino.
Por si fuera poco, San Luis Potosí vive prácticamente de la Federación: el 88% de sus ingresos proviene de transferencias federales. Es decir, no tiene autonomía fiscal y apenas ha logrado incrementar la recaudación local, lo cual lo hace aún más vulnerable.
Además, en 2024 el estado sufrió retenciones de participaciones federales por adeudos con el SAT y el ISSSTE, sumando una deuda adicional de más de 3 mil 500 millones de pesos. En 2025, se firmaron convenios para intentar tapar ese agujero… pero el daño ya está hecho.
Fitch reconoce cierta contención del gasto operativo y un esfuerzo en inversión pública. Sin embargo, advierte que muchas de esas inversiones fueron financiadas con deuda de corto plazo, una práctica financieramente temeraria.
Aunque la agencia mantuvo una perspectiva “estable” —lo que significa que no habrá más recortes inmediatos en la calificación—, dejó claro que observará muy de cerca la evolución de los pasivos estatales y el cumplimiento de obligaciones. El riesgo sigue ahí, latente.
