Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La iniciativa de pensiones enviada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona al Congreso del Estado ha encendido las alarmas entre expertos y autoridades federales, al exhibir graves vacíos legales y una preocupante ausencia de respaldo financiero real para su aplicación en los municipios potosinos.
Aunque el discurso oficial busca presentar la propuesta como un acto de justicia laboral para los cuerpos de seguridad pública municipal, el fondo de la iniciativa revela una estrategia más política que funcional, plagada de contradicciones, ambigüedades normativas y sin una ruta clara de financiamiento.
En teoría, se pretende garantizar un esquema de retiro, jubilación y pensión para los elementos de seguridad municipal, pero en la práctica se transfiere toda la responsabilidad operativa y financiera a los ayuntamientos, sin que el Estado asuma un papel activo ni solidario.
El nuevo texto constitucional propuesto obliga a los municipios a garantizar estas prestaciones, pero al mismo tiempo les permite elegir entre modelos públicos o “equivalentes”, dejando abierta la puerta a sistemas privados o improvisados que no necesariamente cumplirán con estándares nacionales. La iniciativa evita definir parámetros mínimos, montos o mecanismos de supervisión externa. Todo queda a discreción de los cabildos municipales.
Esta falta de uniformidad podría provocar un sistema fragmentado, donde policías de distintos municipios enfrenten condiciones dispares, dependiendo de la capacidad económica local o de decisiones políticas internas. Es decir, lo que debería ser un derecho, se convierte en una posibilidad sujeta a voluntad administrativa.
La dirigencia nacional de Morena, a través de Luisa María Alcalde, ya levantó la voz contra esta iniciativa, advirtiendo que los sistemas privados de pensión “han fracasado” y no deberían replicarse en San Luis Potosí. Sin embargo, el proyecto enviado por Gallardo no establece ninguna barrera para su implementación.
Peor aún: no hay fuente clara de financiamiento. No se contempla un fondo estatal ni la obligación de canalizar recursos federales. Cada municipio deberá, según la iniciativa, “prever en su presupuesto” la creación de un esquema de pensiones. Sin ayuda del Estado, los municipios más pobres simplemente no podrán cumplir con este mandato.
La reforma plantea un plazo de 120 días para que los ayuntamientos adecuen su normatividad, pero no hay castigos por incumplimiento ni mecanismos de verificación real. Es decir, se promete una solución de fondo para los policías municipales, pero sin herramientas jurídicas ni financieras que aseguren su cumplimiento.
La narrativa gubernamental habla de justicia, dignidad y progresividad. La realidad: una carga más para municipios sin recursos, una amenaza de desigualdad para los policías municipales y un esquema que, sin correcciones de fondo, podría convertirse en letra muerta o, peor aún, en simulación.