Redacción
Aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona insiste en que el adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) “ya no existe”, los documentos oficiales cuentan otra historia.
El Anexo de Ejecución 2025, firmado el pasado 8 de enero, confirma que el propio Gobierno del Estado se comprometió a entregar recursos a la institución, compromiso que a la fecha no ha sido cumplido en su totalidad. El monto pendiente asciende a 179.7 millones de pesos.
El convenio, derivado del acuerdo marco de 2016, establece que este año la UASLP debería recibir 2 mil 989 millones 696 mil pesos: de ellos, 2 mil 483 millones 540 mil provienen de la Secretaría de Educación Pública y 506 millones 155 mil corresponden al gobierno estatal.
La universidad aceptó desde un inicio una reducción de casi 190 millones en la aportación local, por lo que ese ajuste no es el motivo del conflicto actual. El problema es que la administración estatal no ha cubierto de manera completa ni oportuna la parte menor que sí quedó establecida en el convenio. Según los registros de pagos, la cifra incumplida alcanza 179 millones 707 mil 832 pesos.
El documento fija de manera explícita que el Gobierno del Estado debe transferir su parte en un plazo máximo de cinco días hábiles después de recibir el depósito federal, además de garantizar que los recursos de la federación lleguen a la UASLP dentro del mismo lapso. La cláusula lleva las firmas del propio Ricardo Gallardo, del secretario general de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, de la secretaria de Finanzas Ariana García Vidal, del titular de Educación Juan Carlos Torres Cedillo, del contralor Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz y del rector Alejandro Zermeño Guerra.
Mientras que el rector y funcionarios estatales sostienen reuniones para revisar el tema, Gallardo Cardona ha negado públicamente que exista algún adeudo. Sin embargo, pocas horas después, la universidad difundió un comunicado en el que precisó que la administración estatal reconoció un monto pendiente cercano a los 183 millones de pesos. En contraste, la Secretaría General de Gobierno optó por hablar únicamente de “compromisos” financieros, evitando usar la palabra deuda.