Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Ricardo Gallardo Cardona llega a su cuarto informe de gobierno con un Estado endeudado, un magisterio indignado, una universidad en riesgo financiero y una ciudadanía que enfrenta altos niveles de inseguridad y desconfianza institucional.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de octubre de 2021 a agosto de 2025, durante su gestión se acumularon 2 mil 203 víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí. Solo en los primeros ocho meses de 2025, se registraron 169 asesinatos, de los cuales 120 fueron con arma de fuego. Aunque agosto fue el mes con menos homicidios del año, con nueve casos, el promedio mensual sigue siendo de 21 víctimas.
El delito de narcomenudeo crece sin freno: entre enero y agosto de este año sumó más de 8 mil denuncias, con agosto como el mes de mayor incidencia, al reportar mil 206 casos. A la par, los delitos contra el patrimonio alcanzaron 14 mil 177 denuncias en lo que va del año, con 7 mil 725 robos en diversas modalidades, incluidos 1,033 robos de vehículos.
Pero la crisis no se limita a la seguridad. La deuda pública y la opacidad son el sello de la Gallardía. Documentos de la Dirección de Pensiones revelan que, hasta mayo de 2024, el Gobierno debía 4 mil 843 millones de pesos, de los cuales más de 3 mil 600 millones correspondían directamente a la actual administración. Con el crecimiento mensual registrado, la deuda actual podría superar los 6 mil 200 millones de pesos, es decir, casi el 10% del presupuesto estatal. Desde junio de 2024, el gobierno dejó de transparentar estos adeudos, ocultando sistemáticamente la información.
El sector educativo también ha resentido la falta de responsabilidad financiera. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Zermeño, advirtió que están en riesgo los sueldos y aguinaldos de más de 8 mil trabajadores, debido a que el gobernador ha retenido 691 millones de pesos destinados a la institución desde 2022. La Secretaría de Educación Pública confirma el incumplimiento del Ejecutivo estatal en la entrega de recursos pactados.
Los maestros de telesecundaria, por su parte, denuncian el congelamiento de bonos desde hace cinco años, una deuda que rebasa ya los mil millones de pesos, la falta de compactación salarial y el incumplimiento en pagos al FIVITE, lo que afecta tanto a activos como a jubilados.
A cuatro años de iniciado su mandato, Ricardo Gallardo Cardona llega a su informe con un Estado que enfrenta violencia persistente, un pasivo financiero que amenaza la estabilidad de pensiones, crisis en la máxima casa de estudios y descontento magisterial. La insistencia del gobernador en negar o maquillar los problemas solo alimenta la desconfianza ciudadana.
Mientras la Gallardía presume eventos masivos y programas sociales, los números y los testimonios exhiben la realidad: un gobierno endeudado, incapaz de garantizar seguridad y con graves pendientes en materia educativa y laboral.