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Ocho meses después, Fiscalía sigue sin identificar cuerpos localizados en fosas clandestinas de Rioverde

Esteban Espinoza / Rioverde SLP

A más de ocho meses del hallazgo de dos fosas clandestinas en la comunidad de Agua Dulce, en el municipio de Rioverde, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene en la incertidumbre a decenas de familias al no dar resultados en la identificación de los cuerpos localizados.

Las fosas fueron ubicadas a principios de este 2025 por colectivos de madres buscadoras, quienes desde entonces han denunciado la ineficiencia y lentitud de las autoridades para procesar la información recabada. En aquel momento, la propia Fiscalía informó que se tomarían muestras de ADN para ser enviadas a laboratorios en Alemania, lo que generó expectativas entre las familias que esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Sin embargo, la espera se ha prolongado sin respuestas claras. La fiscal general, María Manuela García Cázares, reconoció recientemente que aún no hay resultados concluyentes y justificó la demora en la complejidad del procedimiento.

“Estamos trabajando, haciendo la comparativa. Es un trabajo que va a requerir algunas semanas para establecer, primero sobre todo hacer comparativas de lo que nos envió Alemania con lo que tenemos en base de datos, y se está planeando también compartirla con otros estados”, declaró García Cázares.

No obstante, los argumentos no convencen a las familias, quienes consideran que la Fiscalía “evade el tema” y se escuda en explicaciones técnicas mientras ellas siguen en una agonía interminable. “No es de que nos arroje el ADN como tal, sino hacer comparativas e interpretaciones”, añadió la funcionaria, sin precisar plazos concretos.

La falta de resultados concretos refleja lo que colectivos califican como “pachorra institucional”, mientras en la zona media del estado madres, esposas, hijas e hijos continúan con sus propias búsquedas en campo, ante la omisión de las autoridades.

Los colectivos han advertido que no dejarán de exigir justicia ni de señalar públicamente la falta de capacidad de la Fiscalía para dar respuesta a un problema que ha marcado de dolor a decenas de familias potosinas.