Esteban Espinoza / San Luis Potosí
San Luis Potosí vuelve a dar de qué hablar en materia de procuración de justicia, pero no precisamente por buenos resultados. La Fiscalía General del Estado (FGE) aparece entre las dependencias más opacas del país, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 del INEGI, que exhibe a la institución como una de las más cerradas y lentas para rendir cuentas.
De acuerdo con el informe, la Fiscalía potosina se negó a entregar información clave sobre su personal ministerial, pericial y policial, ocultando así la verdadera capacidad de investigación con la que opera. Mientras la mayoría de fiscalías estatales sí respondieron, la de San Luis optó por el hermetismo, quedando al nivel de Campeche y Tlaxcala, entidades que ni siquiera cuentan con unidades de análisis criminal.
Los datos omitidos incluyen el número de fiscales, ministerios públicos y policías de investigación. También se reservaron detalles sobre la unidad de inteligencia y sobre el personal encargado de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), un área vital en la resolución de conflictos.
En contraste, lo poco que sí reveló la FGE no resulta alentador: durante 2024 se abrieron más de 60 mil carpetas de investigación, de las cuales casi 59 mil correspondieron al fuero común. Sin embargo, no es posible dimensionar la carga de trabajo porque se desconoce cuántos agentes ministeriales atienden esos casos.
El INEGI también reporta que en ese mismo año se iniciaron 58 mil 740 carpetas contra imputados, de las cuales muchas permanecen abiertas, reflejando el rezago en la resolución de expedientes y reforzando la percepción de impunidad en el estado.
Otro dato que exhibe la ineficiencia es el de las órdenes judiciales: en 2024 se giraron más de mil 300 mandatos, pero solo una parte fue cumplimentada, dejando a muchos presuntos responsables en libertad pese a existir órdenes de aprehensión en su contra.
En resumen, la Fiscalía potosina no solo se muestra como una de las más “pachorras” en transparencia, sino también como una institución que sigue sin ofrecer resultados claros a la ciudadanía.