Rioverde, S.L.P. – Docentes de la escuela secundaria “Ignacio Morones Prieto” denunciaron haber sido amenazados y presionados por funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para declarar en contra del director del plantel.
De acuerdo con los testimonios de los propios trabajadores de la institución, el pasado 21 de octubre la jefa del Departamento de Secundarias de la SEGE, Sandra Luz García Pozos, y el supervisor de zona, Noé Pérez Márquez, interrumpieron las actividades escolares para convocar de manera urgente a una reunión con el personal docente y administrativo.
En dicho encuentro, los funcionarios presuntamente coaccionaron a los maestros bajo amenazas de sanciones administrativas para que firmaran o emitieran declaraciones en contra del director del plantel, siguiendo —según lo expresado por García Pozos— “instrucciones directas del secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo”.
Según los denunciantes, durante la reunión la funcionaria habría señalado que las recientes inconformidades expresadas por padres de familia contra el supervisor fueron “orquestadas” por maestros del propio plantel, y advirtió que quienes no colaboraran con la versión oficial podrían enfrentar represalias laborales.
Varios docentes manifestaron su molestia por la forma en que se condujo la reunión y rechazaron participar en lo que calificaron como un intento de manipulación institucional, solicitando a los funcionarios retirarse del plantel. Aseguraron además que estas acciones trascienden el ámbito escolar y representan una intromisión política en la vida interna de la escuela.
Las y los trabajadores afectados señalaron que la reunión se realizó sin la presencia de representantes sindicales del SNTE, lo que —a su juicio— vulnera los derechos laborales y de defensa de los docentes. Consideran que los hechos constituyen actos de intimidación y un abuso de autoridad, por lo que preparan una denuncia formal ante las instancias correspondientes.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no ha emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.