Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La Fiscalía General del Estado volvió a quedar bajo señalamientos este fin de semana, luego de que se difundiera nuevamente material reservado relacionado con el caso de Jorge Dávila Ramírez, joven pasante de estomatología asesinado en la capital potosina. En esta ocasión, circuló un video en el que uno de los presuntos implicados aparece rindiendo declaración dentro de las propias instalaciones de la institución, evidenciando otra brecha en el manejo interno de información.
La familia del joven, representada por su abogado, expresó su rechazo absoluto a la divulgación de estos contenidos. Afirmaron que este tipo de filtraciones vulnera el proceso, afecta directamente la investigación y podría convertirse en un factor para que los señalados recuperen su libertad si el caso se considera contaminado. Advirtieron que este escenario alimentaría nuevamente la impunidad que ha marcado a otros crímenes en San Luis Potosí.
Mientras tanto, la Fiscalía se deslindó de responsabilidad sobre lo ocurrido, reacción que para los familiares y diversos sectores refleja un problema más profundo: la fragilidad institucional y la falta de control al interior del organismo. Bajo la dirección de la fiscal Manuela García Cázares, señalan, la repetición de filtraciones y fallas operativas exhibe una crisis que compromete la conducción de las investigaciones.
En este contexto, la incertidumbre sobre quién realmente tiene el control dentro de la Fiscalía vuelve a ponerse sobre la mesa. Y aunque el caso de Jorge Dávila continúa en curso, la preocupación crece ante la posibilidad de que, entre fugas de información y desorden administrativo, la justicia quede una vez más en riesgo de no concretarse.