Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Las recientes modificaciones al Código Penal de San Luis Potosí, promovidas desde la bancada del Partido Verde —que actúa como brazo legislativo del Gobierno del Estado— generaron preocupación inmediata entre organizaciones defensoras de derechos digitales. Artículo 19 alertó que estas reformas podrían convertirse en herramientas de censura y control del discurso público en plataformas digitales.
La organización internacional señaló que los cambios aprobados carecen de rigor técnico y fueron redactados con conceptos ambiguos que podrían abrir la puerta a la criminalización de expresiones legítimas como la crítica política, la parodia o el trabajo periodístico.
Uno de los puntos más cuestionados es el nuevo artículo 187 Ter, que contempla penas de uno a tres años de prisión para quienes utilicen inteligencia artificial para recrear o manipular la identidad de una persona sin su autorización. Aunque el Gobierno del Estado ha intentado justificar la medida como una estrategia para combatir los deepfakes, Artículo 19 sostiene que la redacción es tan amplia que también podría alcanzarse contenido creativo, crítico o satírico que no tenga una intención maliciosa.
A esta preocupación se suma el artículo 272 Ter, que sanciona el uso de IA para simular declaraciones de una autoridad cuando —según el criterio de los funcionarios— pueda “alterarse la confianza pública”. Para la organización, conceptos tan vagos permiten interpretaciones discrecionales que terminan por favorecer a las autoridades en turno, sobre todo en escenarios donde el escrutinio público es incômodo.
Asimismo, el recién creado artículo 272 Bis penaliza la difusión de “desinformación” generada por IA que provoque alarma o afecte la paz social. Sin embargo, términos como “alarma pública” o “paz social” no están definidos en la legislación potosina, dejando al arbitrio de jueces y autoridades decidir qué contenido entra en esa categoría.
Pese a que la bancada verde incorporó excepciones para trabajos periodísticos, académicos o artísticos, estas están condicionadas a que no exista intención de dañar la reputación o privacidad de alguien. Artículo 19 recuerda que el “dolo” es uno de los elementos más complejos de acreditar y, al mismo tiempo, uno de los más susceptibles a interpretaciones subjetivas por parte del poder político.
El contexto estatal refuerza la alerta: solo en los primeros meses de 2025, la organización documentó un aumento en los casos de acoso judicial contra periodistas potosinos, muchos derivados de inconformidades de funcionarios con notas o investigaciones críticas. Además, la reciente decisión de la Fiscalía General del Estado de restringir la difusión de información pública generó un ambiente de mayor opacidad.
En este escenario, la organización advierte que sumar delitos vagos y abiertos al Código Penal podría profundizar el riesgo para quienes ejercen su libertad de expresión y derecho a informar.
Por último, Artículo 19 observó que también se aprobaron cambios en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir el uso de IA como forma de violencia digital cuando genere o altere datos relacionados con menores. Aunque reconoce la importancia del tema, criticó nuevamente el enfoque punitivo del Gobierno del Estado, que no se acompaña de políticas de prevención o alfabetización digital.
La organización hizo un llamado urgente al Congreso local para revisar las reformas impulsadas por el Ejecutivo estatal a través del Partido Verde, corregir las imprecisiones legales y garantizar que la regulación de la inteligencia artificial no se convierta en un instrumento de censura en San Luis Potosí.