Por Esteban Espinoza
Han pasado más de 15 años desde que Sandra Campuzano comenzó una lucha que parece no tener fin: exigir justicia por su hija “Rosita”, una de las cinco niñas asesinadas en Tamuín por un presunto feminicida que hoy permanece recluido en un penal de máxima seguridad en Durango. A pesar de que el hombre confesó los crímenes, hasta el momento no ha recibido sentencia, lo que mantiene a las familias de las víctimas en profunda angustia.
Sandra, quien hoy radica en Guanajuato, relató que desde el año 2010 ha tenido que trasladarse constantemente a Ciudad Valles para darle seguimiento al proceso. El expediente, asegura, “ha sido movido de un lado a otro” debido a cambios de jueces y ajustes en los procedimientos judiciales, retrasando aún más una resolución definitiva.
La preocupación de Sandra crece ante la posibilidad de que el caso sea reclasificado de feminicidio a homicidio, lo que podría representar beneficios o garantías procesales al presunto asesino. Esta situación, advierte, abre la puerta a que pueda recuperar su libertad, pese a la gravedad de los hechos y las confesiones realizadas.
Las cinco menores fueron encontradas sin vida en distintas fechas y en diferentes predios del municipio de Tamuín, todos ellos vinculados al presunto agresor. Sin embargo, la falta de una sentencia firme mantiene el caso en un limbo jurídico que, según la madre, “refleja la crisis y el desgaste de la justicia en México”.
Sandra recuerda con dolor la desaparición de su hija y cada etapa del proceso que ha enfrentado desde entonces. Asegura que su exigencia no solo es por Rosita, sino por las otras cuatro menores cuyas vidas fueron arrebatadas de manera brutal.
“Solo quiero justicia. No quiero que lo liberen. No quiero que vuelvan a fallarle a nuestras hijas”, expresó.
La madre exhortó a las autoridades a garantizar que el caso avance sin más retrasos y a evitar que cuestiones administrativas o interpretaciones legales permitan que un feminicida confeso pueda quedar en libertad.
Mientras tanto, Sandra continúa su lucha —entre traslados, gastos, desgaste emocional y un expediente que ha cambiado de manos múltiples veces— con la esperanza de que la justicia finalmente alcance al responsable.