especial /zona potosina
Esteban Espinoza
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, tras más de seis horas de discusión en el pleno. La votación concluyó con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer un nuevo marco legal que regule el uso del agua en procesos productivos, ordene las concesiones y garantice el acceso al recurso para toda la población.
Los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM defendieron que el nuevo ordenamiento respeta derechos adquiridos, combate el acaparamiento del líquido y pone fin a prácticas irregulares como el mercado negro del agua.
Por su parte, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que la ley busca centralizar el control del recurso con fines políticos, además de advertir afectaciones a sectores productivos y a usuarios con concesiones vigentes.
El análisis del dictamen continuará durante la madrugada del jueves con la discusión de 529 reservas, en una lista que incluye a 154 oradores, lo que anticipa un debate de varias horas más.
El dictamen establece que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, delineando obligaciones para autoridades de los tres niveles de gobierno. También elimina el régimen que permitía la transmisión de derechos de agua entre particulares.
Asimismo, determina que toda concesión que no sea utilizada conforme a su autorización deberá regresar a la Conagua, que decidirá su redistribución. Se crea además un Registro Nacional del Agua, destinado a fortalecer el control y la transparencia de las concesiones y asignaciones.
El diputado Marcelo de Jesús Torres (PAN) calificó la nueva ley como “rígida, sospechosa y hostil”, al considerar que recorta derechos, debilita al sector productivo y convierte al agua “en una moneda de control político”.
En contraste, la diputada Laura Ballesteros (MC) subrayó que el país necesita justicia hídrica, al recordar que 20 millones de personas carecen de acceso al agua, pero advirtió que esta legislación “pretende convertirse en un botón político” en vez de resolver de fondo la crisis hídrica.
La discusión continuará hasta agotar el análisis de todas las reservas.
