RIOVERDE, S.L.P. – La madrugada de hoy domingo, la comunidad de La Cofradía Grande, considerada ya parte de la mancha urbana de Rioverde, fue escenario de una violenta riña campal que dejó a un joven gravemente herido, con posible fractura de cráneo y lesiones punzocortantes.
Los señalamientos apuntan directamente a la Jueza de la comunidad, Nohemí Méndez, y a su hija, Maira, quien funge como Consejera Ciudadana de Desarrollo Social, junto a más de veinte integrantes de su familia y amigos.
Testigos presenciales aseguran que la trifulca se desató cuando las funcionarias, presuntamente apodadas “Las Alacranas” o “Las Tichas” –conocidas en la comunidad como operadoras políticas del PVEM y protegidas del alcalde Arnulfo Urbiola y su esposa–, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y otras sustancias ilícitas.
La confrontación escaló cuando el joven, identificado como Isaías o “El Chino”, fue agredido. A la voz de alerta, cerca de 20 personas, entre hombres y mujeres de la familia, se abalanzaron contra él.
“Se metieron hasta la casa por él y les tumbaron la puerta solo porque se creen que el presidente los protege.”
El joven fue agredido con un arma blanca o puñal en varias ocasiones. Además, se denuncia que la Consejera de Desarrollo Social y su madre le propinaron golpes en la cabeza con un bate de béisbol hasta dejarlo inconsciente.
Personas ajenas al pleito trasladaron a Isaías de inmediato al Hospital General, donde ingresó a las 12:30 horas y cayó en estado de coma, siendo entubado y reportado como grave.
La gravedad del asunto aumenta con el presunto encubrimiento y la aplicación de la “ley mordaza” por parte de las autoridades municipales. Testigos aseguran que, al llegar la policía, la jueza Nohemí Méndez declaró que el pleito ya estaba “arreglado.”
Trascendió que, incluso, el mismo alcalde Arnulfo Urbiola habría acudido al reporte a bordo de una patrulla municipal. La jueza, quien es parte de la familia agresora, no solo se abstuvo de actuar como autoridad sino que “estaba con ellos porque era su familia”.
Las víctimas, quienes también fueron atendidas por heridas de arma blanca, afirman que los agresores ingresaron a su domicilio sin autorización y actuaron con extrema violencia. La comunidad exige una investigación inmediata y garantías de que no habrá impunidad en este caso, independientemente de los vínculos políticos o personales de los agresores con la administración municipal.