Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
La posada navideña organizada por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se convirtió en un evento marcado por polémica, luego de que diversos funcionarios y legisladores recibieran regalos de alto valor económico, incluidos dos vehículos Nissan Kicks, cuyo precio comercial ronda los 700 mil pesos cada uno.
Entre quienes recibieron estos obsequios se encuentran la diputada local del PRI, Sara Rocha Medina, y el diputado federal del PVEM, Óscar Bautista Villegas, quienes acudieron al evento celebrado por el mandatario estatal.
Además de las camionetas, se confirmó que otras diputadas y diputados fueron beneficiados con teléfonos celulares de gama alta y pantallas de televisión, regalos claramente fuera de los límites permitidos por la ley para los servidores públicos.
La entrega y aceptación de estos obsequios contraviene directamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece restricciones precisas para evitar que los funcionarios públicos reciban beneficios materiales derivados de su cargo o que comprometan su imparcialidad.
Los artículos relevantes son:
Artículo 40 de la LGRA
Obliga a cualquier servidor público que reciba un bien o el uso de un bien sin costo —por motivo de sus funciones— a informarlo inmediatamente al Órgano Interno de Control y entregarlo a las autoridades de administración de bienes públicos, como el INDEP.
Esto significa que los diputados no pueden conservar regalos como vehículos, celulares o televisores.
Artículo 52 de la LGRA
Ordena que los servidores públicos deben abstenerse de exigir, aceptar u obtener regalos, obsequios o dádivas relacionados con su función.
Incumplir esta disposición puede derivar en suspensión, destitución o inhabilitación.
Artículo 7 de la LGRA
Señala que aceptar obsequios que representen un beneficio indebido o conflicto de interés se considera una falta grave, pudiendo tipificarse como cohecho.
La legislación únicamente permite obsequios simbólicos, de bajo valor y que no estén vinculados a decisiones públicas. Una camioneta de casi 700 mil pesos está absolutamente fuera de cualquier excepción legal.
La entrega de dos camionetas Nissan Kicks, teléfonos y pantallas a legisladores por parte del gobernador abre la puerta a posibles investigaciones administrativas y cuestionamientos éticos, ya que los diputados deben actuar con independencia del Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, ninguno de los legisladores involucrados ha informado si reportará los obsequios o si los pondrá a disposición del Órgano Interno de Control, como exige la ley.