Por Esteban Espinoza
Tancanhuitz, SLP. – A 365 días del violento homicidio que cobró la vida del alcalde de Tancanhuitz, Jesús Franco Lárraga, la Huasteca potosina sigue marcada por la tragedia. La noche del 15 de diciembre del 2024, el joven edil, postulado por Morena, fue emboscado al salir de casa de su madre en Palmira Nuevo, una localidad conocida hoy más por el suceso que por sus paradas culinarias sobre la México-Laredo.
El ataque fue un acto de precisión militar, un vehículo sedán interceptó la camioneta de Franco en un retorno de la Av. Juárez. Un sicario descendió y descargó su arma a través del parabrisas. El resultado fue la muerte instantánea del alcalde, de su secretario particular, David Santiago Villalobos, y de los dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que fungían como escoltas. Este no fue un simple asalto, fue un ajuste de cuentas con profundas aristas políticas.
Dos días después del atentado, la Fiscalía del Estado detuvo al exalcalde J. Guadalupe “N.”, alias “Pepe Lupe”, señalándolo como el autor intelectual. La detención de este personaje, cuyo clan había dominado los destinos políticos y la contratación de obra pública en Tancanhuitz por años, no hizo más que confirmar la tesis de un crimen motivado por la lucha de poder.
Las versiones que circularon en el municipio, y que apuntaban a un conflicto interno en la esfera política, eran demoledoras, Jesús Franco se habría negado a renunciar a su cargo para que el hijo de “Pepe Lupe” (quien era regidor en su propio Cabildo) asumiera la presidencia municipal, un movimiento clásico de las élites locales; Franco Lárraga se habría opuesto a la exigencia de “Pepe Lupe” de autorizarle la asignación directa de contratos de obra, cortando de tajo un flujo de recursos vital para el antiguo grupo en el poder.
A un año del suceso, la detención del presunto autor intelectual es el único avance tangible, pero la justicia se ha estancado en un laberinto legal. “Pepe Lupe” continúa internado, litigando con amparos para evadir la acción penal definitiva.
Lo más grave es la falta de castigo a los autores materiales. La Fiscalía aseguró que los ejecutores fueron sicarios contratados por el exalcalde, pero hasta la fecha, las autoridades no han logrado identificar, localizar ni detener a quienes empuñaron las armas, dejando la autoría del crimen en un limbo de contratación.
La muerte de Jesús Franco Lárraga, un joven alcalde que buscó romper con la inercia política local, se ha convertido en un sombrío recordatorio de que los asesinatos de funcionarios en la Huasteca potosina, por más claras que parezcan sus motivaciones políticas, terminan con conclusiones judiciales incompletas y sin sentencias firmes. La identidad de los asesinos y el móvil oficial siguen siendo versiones que “han quedado en el aire”, permitiendo que la impunidad persista en Tancanhuitz.
