Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí fue ubicada en la posición 19 a nivel nacional tras obtener una calificación reprobatoria en un análisis elaborado por la organización civil Causa en Común, que revisó el desempeño de las instituciones de procuración de justicia en el país.
El resultado forma parte del Informe Nacional de Transparencia 2025, documento en el que se evaluó el desarrollo institucional de corporaciones de seguridad pública, fiscalías y sistemas penitenciarios estatales, a partir de distintos indicadores relacionados con su funcionamiento interno.
De acuerdo con el estudio, la fiscalía potosina registró un puntaje global negativo de -59, reflejo de debilidades estructurales en áreas clave. El análisis se basó principalmente en información obtenida mediante solicitudes formales de acceso a la información pública, aunque la organización advirtió que en múltiples casos las dependencias incurrieron en clasificaciones excesivas de datos como reservados, además de respuestas incompletas o evasivas.
Causa en Común destacó que las deficiencias detectadas no son exclusivas de una sola entidad, ya que ninguna fiscalía estatal logró una calificación aprobatoria, evidenciando problemas generalizados en el sistema de procuración de justicia del país.
Entre las áreas evaluadas, el rubro con menor impacto negativo para la fiscalía potosina fue el de régimen disciplinario, con una calificación de -8. Sin embargo, otros indicadores presentaron resultados considerablemente más bajos, como carrera institucional (-50), profesionalización del personal (-64) y seguridad social (-75).
Los puntajes más críticos se registraron en los apartados de autonomía, con una evaluación de -80, y certificación, donde la calificación descendió hasta -92 puntos.
En sus conclusiones, la organización subrayó que persisten fallas estructurales en todas las fiscalías del país, entre ellas la falta de sistemas de carrera sólidos, esquemas de profesionalización insuficientes, mecanismos disciplinarios débiles, incumplimiento de prestaciones laborales y carencias relevantes en infraestructura y equipamiento.