Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La política de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí no solo ha fallado: se ha convertido en un esquema burocrático sin resultados, marcado por la opacidad, la descoordinación institucional y la impunidad, advierte un diagnóstico elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac).
El estudio “Informar y Defender Derechos en SLP: Entre Simulación, Avances y Riesgos”, que analiza el periodo 2013–2023, concluye que las acciones del Estado han sido insuficientes para frenar la violencia y los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos. A pesar de leyes, comisiones y mecanismos formales, la realidad sigue siendo de vulnerabilidad constante.
Basado en análisis documental y trabajo de campo en las cuatro regiones del estado, el informe señala que la política pública ha operado como un recurso “decorativo”, incapaz de garantizar seguridad, justicia ni condiciones dignas de trabajo. La distancia entre el discurso oficial y la vida cotidiana del gremio es, de acuerdo con el diagnóstico, alarmante.
Durante la presentación del documento, María José Puente Zavala, de la Red de Mujeres Periodistas, y Alejandra Balduvín Álvarez, coordinadora del proyecto en Educiac, coincidieron en que el Estado potosino ha normalizado un modelo que aparenta protección mientras deja expuestos a periodistas y defensores. “La ley existe, pero no protege”, fue una de las conclusiones más reiteradas.
El diagnóstico también denuncia prácticas de control indirecto, como el uso discrecional de la publicidad oficial, señalada como una herramienta de presión económica que condiciona líneas editoriales, debilita a los medios y fomenta la autocensura.
La ineficacia institucional queda evidenciada en el caso del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, desaparecido y asesinado en 2017. A más de seis años del crimen, no existe ninguna persona detenida ni sentenciada. Pese a los indicios de participación de elementos de la entonces Policía Ministerial y a la solicitud de atracción del caso por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la investigación permanece estancada en la Fiscalía General del Estado.
Para las autoras del informe, este bloqueo refuerza la percepción de que la justicia se detiene cuando existen posibles responsabilidades de funcionarios públicos, profundizando la impunidad y la revictimización de las familias.
El trabajo de campo en municipios como Tamazunchale y Huehuetlán reveló una constante: la desconfianza hacia las instituciones. Periodistas y defensores calificaron al Mecanismo Estatal de Protección como inoperante y sin capacidad real de respuesta, lo que ha llevado a que muchas agresiones se denuncien públicamente en redes sociales o medios de comunicación antes que ante autoridades que consideran omisas o incluso riesgosas.
La falta de transparencia agrava el problema. Aunque la Unidad Estatal de Protección reporta decenas de casos atendidos en años recientes, la información permanece reservada: no se conocen las medidas aplicadas ni sus resultados. Incluso las actas del Pleno del Mecanismo han sido clasificadas, imposibilitando cualquier evaluación pública.
El diagnóstico también cuestiona duramente al Congreso del Estado. La Comisión Especial de Atención a Periodistas operó durante tres legislaturas sin generar cambios estructurales y, en la actual, ni siquiera ha sido instalada, evidenciando el desinterés legislativo por garantizar condiciones mínimas de seguridad al gremio.
A esto se suma la descoordinación entre dependencias. Aunque instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos forman parte del Mecanismo, el informe documenta un trabajo fragmentado, sin comunicación ni estrategias conjuntas, que diluye responsabilidades y resultados.
El impacto de este abandono es claro: la impunidad. Con apenas el 0.5 por ciento de los delitos contra la libertad de expresión llegando a una acción penal, el mensaje es contundente: agredir a periodistas y defensores en San Luis Potosí no tiene consecuencias.
El estudio también alerta sobre la precariedad laboral como un factor estructural de riesgo. La ausencia de prestaciones, seguridad social y estabilidad económica deja a periodistas sin respaldo institucional y a merced de presiones políticas y económicas.
Para romper con más de una década de simulación, Educiac plantea reformas urgentes en cuatro ejes: prevención, protección, investigación y reparación. Entre ellas, protocolos de cobertura segura con enfoque territorial y de género, profesionalización de las instituciones responsables y actualizaciones normativas basadas en diagnósticos reales.
El llamado final es directo: el Estado potosino debe dejar de administrar la protección como un trámite y asumirla como una obligación. Sin garantías para quienes informan y defienden derechos, la democracia y el derecho a la verdad siguen en riesgo.