Esteban Espinoza / Rioverde SLP
El cierre de 2025 deja para el municipio de Rioverde un balance marcado por la confrontación política, el uso discrecional del poder público y una creciente sensación de inseguridad e impunidad. Lejos de la narrativa oficial de progreso, los hechos que se acumularon durante el año dibujan un escenario preocupante para la vida democrática y social de la llamada “Capital del mundo”.
Uno de los episodios más graves fue el comportamiento del alcalde Arnulfo Urbiola, señalado por comerciantes y actores políticos de actuar como un verdadero hampón administrativo. Durante 2025 se documentaron cierres de locales comerciales que no coincidían con su forma de gobernar o cuyos propietarios se atrevieron a emitir opiniones críticas contra su administración. Estas acciones, lejos de responder a criterios legales claros, fueron interpretadas como castigos políticos y mecanismos de intimidación.
La persecución alcanzó un punto alarmante durante una visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región. En ese contexto, el alcalde habría pretendido mandar detener a Leobardo Guerrero utilizando a miembros de un centro de rehabilitación creado por su propio gobierno y sostenido con recursos del DIF. La maniobra, denunciada públicamente, fue vista como un intento burdo por frenar el crecimiento político de Leobardo Guerrero, quien ya había derrotado a Urbiola en la elección pasada y representa un riesgo real para su proyecto de poder.
El clima de hostigamiento también se reflejó dentro del Cabildo. El pleito entre la regidora Rosa María Huerta y el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador López Aguilar, escaló a niveles inaceptables. López Aguilar ha denunciado una persecución constante durante esta administración, que incluso derivó en un intento por cerrar el negocio de su hermana, cruzando la línea entre la disputa política y la agresión directa a su entorno familiar.
Otro de los capítulos más polémicos del año fue el caso de “las alacranas”, un grupo de mujeres que ha convertido el ejido La Cofradía en un auténtico infierno para sus habitantes. Lejos de sancionar conductas pandilleriles y violentas, el alcalde no sólo las protegió, sino que subió un video respaldando su comportamiento y asegurando que siempre contarán con su apoyo. Este mensaje institucionalizó la impunidad y dejó en el abandono a las víctimas de ese conflicto comunitario.
A la lista de cuestionamientos se suma la obra emblemática de la administración: una supuesta alberca olímpica que no es olímpica ni semiolímpica, al no cumplir con las medidas ni características técnicas obligatorias. Aun así, su costo fue elevado y terminó siendo una obra cara, mal ejecutada y simbólica del derroche de recursos públicos sin planeación ni transparencia, pagada por las y los rioverdenses.
El cierre de 2025 quedó marcado, además, por uno de los hechos más dolorosos y oscuros en la historia reciente del municipio: el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad de Agua Dulce por parte de madres buscadoras. En el lugar se levantaron alrededor de 400 muestras de ADN, enviadas por la fiscalía a Alemania para su análisis. A la fecha, no se conocen resultados, ni se ha informado oficialmente a quién pertenecen esos restos humanos. El silencio institucional frente a este macabro descubrimiento profundiza la herida social y coloca a Rioverde como uno de los destinos más peligrosos del estado, muy lejos de cualquier eslogan turístico.
Así, Rioverde despide 2025 con una deuda profunda en materia de derechos, legalidad y sensibilidad social. Entre persecuciones políticas, protección a grupos violentos, obras fallidas y fosas sin nombre, el municipio enfrenta un reto urgente: recuperar el Estado de derecho, la dignidad institucional y la confianza de una ciudadanía que hoy observa con indignación y miedo el rumbo de su gobierno local.