SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. – En un acto que ha sido calificado como hostigamiento y discriminación, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, fue víctima de una agresión física y verbal en la vía pública por parte de dos mujeres, quienes utilizaron la discapacidad motriz de la funcionaria para proferir insultos y burlas.
Las agresoras, identificadas como Marichuy y Silvia, interceptaron a la ombudsperson bajo el argumento de una supuesta falta de atención a sus quejas. Sin embargo, la protesta escaló rápidamente a niveles de violencia personal: las mujeres impidieron el paso de la silla de ruedas de Argüelles Moreno y, posteriormente, bloquearon su vehículo colocando mantas sobre el parabrisas.
A pesar de los reclamos de las manifestantes, fuentes oficiales de la CEDH y autoridades involucradas aclararon que los expedientes que exigen ya fueron atendidos por las instancias competentes y se encuentran legalmente cerrados. Se informó que no existe ninguna actuación pendiente que la Comisión pueda realizar para modificar o reabrir dichos casos, situación que les ha sido explicada formalmente en múltiples ocasiones.
Testigos de los hechos describieron la escena como un “zafarrancho” y un acoso constante. Cabe destacar que este no es un incidente aislado; una de las agresoras ya cuenta con medidas restrictivas previas, dictadas tras haber agredido físicamente a la presidenta de la Comisión en un evento anterior.
En esta ocasión, además de la obstrucción a su libre tránsito, las mujeres recurrieron a la mofa del físico y de la condición de discapacidad de la funcionaria, incurriendo en conductas que contradicen los principios de respeto a la dignidad humana que paradójicamente dicen defender.
Tras los momentos de tensión en la vía pública, personal de la CEDH intervino para mediar la situación, logrando que ambas mujeres accedieran a trasladar sus inquietudes a las oficinas del organismo para un diálogo formal.
La institución reiteró que, aunque se mantiene abierta al diálogo, los procedimientos legales tienen tiempos y formas definidos, y en estos casos específicos, la ley determina que las investigaciones han concluido conforme a las atribuciones del organismo autónomo.