Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Los fenómenos climáticos extremos dejaron de ser hechos aislados en San Luis Potosí. Lluvias fuera de temporada, periodos prolongados de sequía y otros efectos asociados al cambio climático han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y planeación en el estado.
En este contexto, la legislación estatal establece como obligación contar con un Atlas de Riesgo actualizado, un instrumento técnico que permitirá identificar amenazas naturales y climáticas, así como las zonas y poblaciones con mayor vulnerabilidad. El objetivo central es anticiparse a los daños y reducir impactos antes de que ocurran emergencias.
Esta disposición deriva de una reforma a la Ley de Cambio Climático aprobada por el Congreso del Estado en octubre pasado. A partir de estos cambios, la planeación territorial deberá sustentarse en escenarios de riesgo presentes y futuros, considerando de manera directa los efectos del clima en el desarrollo urbano y regional.
La modificación legal fue impulsada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez y contempla que el Atlas de Riesgo estatal esté alineado con el Atlas Nacional de Riesgo y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Con ello, se busca que la información sobre peligros, exposición y vulnerabilidad no quede fragmentada, sino que se integre de forma efectiva en la toma de decisiones públicas.
El uso de estos instrumentos será obligatorio para la elaboración de programas de ordenamiento territorial, planes de desarrollo urbano y reglamentos de construcción. Además, permitirá atender fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas, una realidad que comienza a manifestarse en distintas regiones del país.
Más allá del cumplimiento normativo, la reforma apunta a cambiar la forma en que se planifica el crecimiento de comunidades, fraccionamientos y obras públicas, evitando que se desarrollen en zonas donde los riesgos ya pueden identificarse. El Atlas de Riesgo se consolida así como una herramienta clave de prevención, orientada a reducir pérdidas humanas, materiales y sociales frente al avance del cambio climático.