Esteban Espinoza / San Luis Potosí
Con respuestas evasivas, promesas recicladas y un optimismo exagerado, el secretario general de Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, volvió a salir ante medios para asegurar que en San Luis Potosí “las cosas van mejor”, aunque la realidad —extorsiones, quema de camiones, restos humanos y quejas contra corporaciones policiacas— cuente otra historia muy distinta.
Cuestionado sobre si existe relación entre la reciente detención de presuntos extorsionadores y la quema de un camión de un conocido crucero turístico en Ciudad Valles, la respuesta fue el ya clásico “no tenemos esa información”, seguido de un comodín recurrente: “la Fiscalía les dará más detalles”. Una frase que, en los hechos, se ha convertido en sinónimo de opacidad, dilación y cero rendición de cuentas por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Sobre los restos óseos localizados en la zona de Laguna del Mante, el funcionario aseguró que ya fueron levantados y que el laboratorio forense “tiene la capacidad suficiente” para determinar cuántas personas representan y cuál es su identidad. Sin embargo, mientras el discurso presume capacidad técnica, las familias siguen esperando resultados concretos, identificaciones reales y justicia, no solo explicaciones técnicas repetidas ante cada hallazgo.
En un intento por reforzar la narrativa oficial, Torres Sánchez destacó la visita de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, asegurando que el Estado recibió “muy buenos comentarios” y que San Luis Potosí es donde “más dinero se ha colocado” para atender la crisis de desapariciones. El problema es que, pese a los recursos presumidos, la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta y cotidiana para cientos de familias, mientras los resultados tangibles brillan por su ausencia.
El secretario incluso afirmó que este fenómeno “ha ido a la baja”, aunque reconoció —sin rubor— que se trata de una problemática que “prácticamente se ha vuelto común”. Una normalización peligrosa que contrasta con el discurso triunfalista del Ejecutivo estatal y que deja al descubierto la incapacidad de contener una crisis que lleva años agravándose.
Cuando se le cuestionó directamente si la Laguna del Mante se ha convertido en un basurero de restos humanos, la respuesta fue aún más alarmante: “tiene más de 18 años que eso está sucediendo”. Es decir, el problema es viejo, conocido y documentado.
Finalmente, sobre las múltiples quejas contra la Policía de Investigación, la respuesta fue nuevamente una promesa a futuro: “las estamos atendiendo” y, quizá, “en los próximos días” el director de la corporación hará una gira por la Huasteca. Mientras tanto, las denuncias ciudadanas continúan acumulándose y la desconfianza en las instituciones crece.
Entre investigaciones eternas, visitas protocolarias y discursos optimistas, el gobierno estatal y la Fiscalía parecen más ocupados en administrar la narrativa que en ofrecer resultados reales.