Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
San Luis Potosí se encuentra entre las diez entidades del país con mayor número de casos de violencia vicaria, una realidad que contrasta con la postura oficial de la Fiscalía General del Estado, que insiste en reducir estos hechos a simples conflictos familiares y disputas por la custodia de menores.
La fiscal general, Manuela García Cázares, declaró que la mayoría de las denuncias por sustracción de niñas y niños derivan de procesos de separación o divorcio, en los que uno de los progenitores retira a los menores sin autorización del otro. Según su versión, la clave está en determinar quién cuenta con la custodia legal y si la extracción se realizó sin consentimiento.
No obstante, la funcionaria sostuvo que en la entidad no existe una incidencia elevada de este delito y aseguró que, en los casos atendidos, los menores han sido localizados. Sin embargo, evitó referirse directamente a estos hechos como violencia vicaria, a pesar de que dicha figura ya está reconocida en la legislación estatal, lo que ha sido interpretado por colectivos como una forma de minimizar la gravedad del problema.
Esta narrativa oficial choca con los datos recabados por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que documenta entre 40 y 50 casos en San Luis Potosí en años recientes. Con base en el acompañamiento directo a víctimas, la organización ubica al estado dentro del grupo con mayor número de casos a nivel nacional, aunque estas cifras no siempre aparecen reflejadas en los registros institucionales.
Especialistas advierten que la diferencia entre los datos oficiales y los de las organizaciones civiles evidencia una falla estructural en el actuar de la Fiscalía. Durante años, la violencia vicaria fue invisibilizada y mal clasificada como violencia familiar o pleitos por custodia, lo que impidió su correcta investigación y sanción. A ello se suma que los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no dimensionan el fenómeno, debido a la falta de una tipificación clara en etapas anteriores.
Mientras la Fiscalía presume localizaciones, colectivos y víctimas denuncian lentitud, omisiones y una falta de perspectiva de género en las investigaciones, lo que ha permitido que muchos agresores utilicen a hijas e hijos como instrumentos de daño. La distancia entre el discurso oficial y la realidad documentada mantiene a San Luis Potosí en una posición alarmante y deja en entredicho la efectividad de las autoridades encargadas de procurar justicia.