Por Esteban Espinoza
RIOVERDE, S.L.P. – Bajo acusaciones de acoso laboral, amenazas y persecución institucional, un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Rioverde denunció haber sido objeto de despidos injustificados tras presuntas represalias políticas encabezadas por la administración municipal.
De acuerdo con testimonios recabados de los afectados, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias legales, los despidos se habrían derivado del incumplimiento en la movilización de contingentes para eventos políticos recientes en la región.
Los trabajadores señalaron que, durante los últimos meses, fueron presionados por figuras clave del gabinete, entre los que identifican a la coordinación de comités y asesores, para integrar expedientes de ciudadanos con fines de afiliación partidista.
Los trabajadores fueron citados uno a uno al despacho del alcalde Arnulfo Urbiola en horas de trabajo para ser reprendidos y amenazados catalogando como “traición” “les dimos la confianza y ahora nos pagan con esto! . por ello tendrán lo que merecen y hay de aquel que denuncie o se queje , los acusaremos con actas de trabajo para que les retengan sus finiquitos y acusaremos de robo de equipo y documentación oficial, los perseguiremos hasta sus ultimas consecuencia, somos gobierno y estamos en el poder” “le fallaron al padrino y eso se paga corriéndolos para que aprendan y sepan que el Gallardismo así es y hay de aquel que nos rete serán perseguidos y los haremos que nos respeten , esas y otras palabras salieron del alcalde Arnulfo Urbiola .
El denominado “Operativo 60” consistía, presuntamente, en la entrega obligatoria de Copias de credenciales de elector de invitados , Números telefónicos de contacto ,Evidencia fotográfica para cotejar asistencias en tiempo real.
Los afectados relataron que fueron citados de manera individual para ser notificados de su baja. Según las denuncias, se les recriminó una supuesta “falta de compromiso” con el proyecto político vigente, bajo advertencias de que cualquier queja o denuncia pública resultaría en la retención de sus finiquitos mediante la elaboración de actas administrativas por presunto robo de equipo o documentación oficial.
“Se nos dijo claramente que si no estábamos con el proyecto, no teníamos lugar en la nómina. Existe un clima de persecución donde se nos advierte que seremos perseguidos legalmente si decidimos alzar la voz”, expresaron los extrabajadores.
Los denunciantes calificaron estas acciones como una violación sistemática a sus derechos laborales y a su libertad política, señalando que la instrucción vertical en el ayuntamiento vincula la permanencia en el empleo con la lealtad a siglas partidistas específicas.