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Buscan reducir la violencia política de género rumbo a las elecciones de 2027

Esteban Espinoza / San Luis Potosi

Con miras al próximo proceso electoral, autoridades en materia electoral trabajan en la elaboración de un informe enfocado en combatir la violencia política en razón de género, con el objetivo de generar condiciones más seguras para la participación de las mujeres en 2027.

El consejero electoral Carlos Cuéllar presentó recientemente un documento que plantea estrategias para disminuir e incluso erradicar este tipo de conductas, además de impulsar una mayor presencia femenina en los espacios de decisión pública.

Detalló que, en coordinación con la organización Educación y Ciudadanía (Educiac), se realizó un diagnóstico basado en las experiencias de mujeres candidatas durante el proceso electoral de 2024, cuando se renovaron ayuntamientos y el Congreso del Estado. En ese periodo se registraron ocho cuadernos de antecedentes y cuatro procedimientos sancionadores especiales relacionados con denuncias por violencia política de género.

En cuanto al actuar de los partidos políticos, el consejero señaló que durante 2025 todas las fuerzas políticas entregaron informes sobre el uso de los recursos que, por ley, deben destinar al impulso de la participación de las mujeres. Aunque reconoció que existe un compromiso general con la agenda de paridad, advirtió que aún persisten pendientes en materia de equidad, seguridad y cierre de brechas.

Precisó que la legislación obliga a los partidos a destinar al menos el cinco por ciento de su presupuesto a actividades que fortalezcan el liderazgo político de las mujeres, bajo lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, en algunos casos se han detectado inconsistencias, principalmente por la falta de evidencia documental que respalde el uso de estos recursos.

Asimismo, destacó que en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política de género existen ocho personas originarias de San Luis Potosí, de las cuales seis son ciudadanos y dos ocupaban cargos públicos, siendo el municipio de Zaragoza el que concentra el mayor número de casos.