SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. — El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), encabezado por Rodrigo Joaquín Lecourtois López, dio a conocer cifras alarmantes tras analizar el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI: durante el año 2024, el 98% de las adquisiciones y asignación de obra pública en los municipios potosinos se realizó mediante adjudicación directa, evadiendo los procesos de licitación pública.
El titular del IFSE señaló que, si bien la Ley de Adquisiciones y la de Obra Pública contemplan excepciones para la invitación restringida o la adjudicación directa, los entes municipales están fallando en la integración correcta de sus expedientes.
“Esta omisión ha sido una constante en nuestras observaciones. En los peores casos, detectamos que el bien o servicio contratado sí se encuentra a la vista, pero fue pagado a sobreprecio debido a que se omitió el procedimiento legal, contratando de manera mucho más onerosa en perjuicio de la ciudadanía”, explicó Lecourtois López.
Ante este escenario, el Auditor Superior hizo un llamado al Poder Legislativo para trabajar en dos ejes fundamentales
- Homologar las leyes estatales en materia de Adquisiciones y Obra Pública con las reformas federales vigentes.
- Integración de Candados: Establecer límites estrictos a los mecanismos de excepción que actualmente permiten a las administraciones municipales omitir licitaciones con demasiada facilidad.
- Endurecimiento de Penas: Lecourtois López insistió en que es necesario castigar de manera ejemplar a los funcionarios que recurren a estas prácticas para evitar el uso discrecional de los recursos públicos.
El IFSE puntualizó que, aunque las cifras del INEGI son cuantitativas, la realidad observada en las auditorías confirma que el uso de la adjudicación directa se ha vuelto una práctica abusiva que requiere una intervención legislativa urgente para frenar la corrupción y el despilfarro en las arcas municipales.