Esteban Espinoza / Rioverde SLP
La creciente plusvalía de las tierras ejidales en la región Media ha incrementado el interés de inversionistas y particulares por adquirir terrenos; sin embargo, muchas de estas operaciones se realizan sin cumplir con la legislación agraria, advirtió el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, Juan Carlos Robles Sierra.
El funcionario señaló que en municipios como Rioverde y Ciudad Fernández existen núcleos agrarios cuyos terrenos ya forman parte de la mancha urbana, lo que ha provocado una mayor presión para su venta y lotificación. No obstante, aclaró que no todas las tierras ejidales o de uso común pueden venderse libremente.
“Lo primero que deben hacer compradores, vendedores y los propios núcleos agrarios es conocer la naturaleza jurídica de las tierras para saber si son susceptibles de enajenación. Hay terrenos que tienen restricciones y otros que únicamente pueden otorgarse en uso, por lo que cada caso debe analizarse conforme a la Ley Agraria”, explicó.
Robles Sierra hizo un llamado a que toda inversión en tierras ejidales se realice con apego a la ley y con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional (RAN), instituciones que pueden verificar la documentación y orientar a las partes involucradas.
Destacó que en algunos ejidos existen procesos de regularización de grandes extensiones de tierra, por lo que es indispensable conocer si un predio forma parte de dichos procedimientos antes de concretar cualquier operación.
El magistrado advirtió que uno de los principales errores es comprar terrenos únicamente con contratos privados o comprobantes de pago, sin revisar la documentación oficial.
“Es igual que adquirir una propiedad privada: se debe revisar toda la documentación. En el caso de la propiedad social, la instancia que debe asesorar es la Procuraduría Agraria, porque se trata de un régimen completamente distinto”, puntualizó.
Asimismo, reconoció que en la región existen casos de terrenos que han sido vendidos hasta tres o cuatro veces, generando conflictos legales que terminan en los tribunales agrarios.
Por ello, pidió a la población actuar con paciencia y evitar decisiones apresuradas.
“No hay que comprar a la ligera. Primero debe verificarse si quien pretende adquirir el terreno tiene calidad agraria para hacerlo, cuál es el destino de esas tierras y qué requisitos exige la ley. Muchas personas no tienen la aptitud legal para comprar determinados terrenos ejidales”, afirmó.
Respecto a la información que proporcionan las oficinas de Catastro, explicó que los registros catastrales únicamente acreditan el pago de impuestos y no constituyen una prueba de propiedad o de derechos agrarios, por lo que no sustituyen la consulta ante el Registro Agrario Nacional.
Finalmente, reiteró que las tierras ejidales y comunales cuentan con un régimen jurídico especializado, por lo que cualquier compra, venta, cesión o donación debe realizarse con asesoría profesional.
“Las tierras ejidales tienen un régimen diferente al de la propiedad civil. Hay que cruzar la información con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional para dar certeza a las operaciones y evitar conflictos futuros”, concluyó.