Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
Tras varios meses de desgaste político y fuertes críticas por el encarcelamiento de creadores de contenido y la persecución de periodistas críticos de su administración, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio marcha atrás a la denominada “Ley Serrano” y presentó este miércoles una iniciativa para derogarla ante el Congreso del Estado.
La propuesta fue entregada durante una reunión convocada por el Ejecutivo estatal en Palacio de Gobierno, a la que fueron invitados algunos representantes de medios de comunicación, diputados locales, académicos y especialistas para discutir el futuro de la regulación de las plataformas digitales, los medios de comunicación y el uso de la inteligencia artificial.
Aunque anunció la derogación de la reforma que provocó una amplia polémica, Gallardo Cardona dejó en claro que su intención de regular la actividad de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías permanece vigente.
Durante su mensaje, sostuvo que la inteligencia artificial representa una oportunidad para el desarrollo, pero insistió en que debe existir una legislación que garantice “el uso ético, profesional y responsable” de estas herramientas, además de proteger la dignidad humana, la imagen y la propiedad intelectual.
“Hoy quiero firmar la derogación de la mal llamada Ley Serrano y empezar la construcción de una ley que nos permita defender la dignidad humana”, expresó el mandatario al entregar formalmente la iniciativa a la presidenta del Congreso del Estado.
La decisión representa un cambio de rumbo del Gobierno del Estado, luego de meses de cuestionamientos nacionales por la aplicación de la llamada “Ley Serrano”, utilizada como sustento para el encarcelamiento de tres creadores de contenido y en medio de denuncias por una estrategia de persecución contra periodistas y comunicadores críticos del gobierno estatal y de actores políticos vinculados al gallardismo.
El caso incluso motivó la intervención de instancias federales relacionadas con la protección de periodistas y colocó a San Luis Potosí en el debate nacional sobre libertad de expresión.
Una de las intervenciones que más llamó la atención durante el encuentro fue la del periodista Jesús Aguilar, quien manifestó que existe disposición para discutir una regulación sobre medios, redes sociales e inteligencia artificial, siempre que ésta no nazca desde intereses políticos ni represente un mecanismo de control sobre quienes piensan distinto.
“La libertad de expresión es sagrada; no puede depender del gobernante en turno”, afirmó.
Aguilar rechazó que la prisión sea una respuesta frente a posibles excesos en el ejercicio de la comunicación y recordó que ya existen mecanismos como el derecho de réplica, las rectificaciones y las vías civiles para atender este tipo de conflictos.
Asimismo, sostuvo que es indispensable transparentar el uso de los recursos públicos destinados a comunicación social en los tres niveles de gobierno.
“Debemos saber cuánto dinero reciben los medios, los portales, los influencers y las vocerías. Defender la libertad de expresión no significa defender el uso discrecional del dinero público para comprar aplausos, fabricar silencios o financiar ataques”, señaló.
El periodista también cuestionó que la convocatoria al diálogo haya sido limitada a determinados participantes y propuso la creación de un consejo plural e independiente, respaldado por organismos especializados en libertad de expresión, derechos humanos, transparencia y tecnología, para construir una legislación seria y de largo plazo.
Finalmente, recordó que él mismo enfrenta una denuncia penal derivada de su labor periodística, lo que, dijo, demuestra que el problema no se limita a una ley específica, sino al uso de las instituciones para inhibir el ejercicio periodístico.
“Regulación sí, pero sin censura. Transparencia siempre. Cárcel por criticar, investigar o publicar, nunca”, concluyó.
Con la presentación de la iniciativa de derogación, el Gobierno del Estado busca cerrar uno de los episodios más polémicos de la administración de Ricardo Gallardo Cardona. Sin embargo, el debate sobre una nueva legislación que regule la inteligencia artificial y los contenidos digitales apenas comienza, en un contexto donde diversos sectores han advertido que cualquier reforma deberá garantizar plenamente la libertad de expresión y evitar mecanismos que puedan derivar en censura o control político sobre los medios de comunicación.