Acusan abusos contra habitantes de comunidades rurales y piden investigar a la corporación
Ciudad del Maíz, S.L.P. — Campesinos de distintas comunidades rurales de Ciudad del Maíz denunciaron públicamente presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal.
Habitantes de localidades como El Tepeyac, San Rafael Carretera, El Custodio, San Rafael Matriz, San Mateo, Palomas, La Morita, Agua Buena del Norte, La Calzada y Montebello, entre otras, aseguran que los agentes presuntamente los detienen de manera recurrente cuando acuden a la cabecera municipal.
De acuerdo con los testimonios recabados, los policías supuestamente les solicitan dinero en efectivo bajo amenazas de retirarles o asegurarles sus vehículos.
“Nos están cazando cada que vamos a la cabecera municipal; a veces vamos con el dinero justo para surtir la despensa o comprar un medicamento y ellos nos quitan ese dinero solo porque nos ven humildes”, señaló un habitante identificado como Antelmo M.
Los denunciantes también señalaron que estos presuntos abusos afectarían principalmente a personas provenientes de comunidades rurales, quienes dependen de sus vehículos para trasladarse a la cabecera municipal y realizar actividades como comprar alimentos, medicamentos o realizar trámites.
Los campesinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se investiguen los señalamientos y, en caso de acreditarse alguna conducta irregular, se finquen responsabilidades.
Asimismo, algunos de los inconformes señalan a la presidenta municipal Rosa Angélica Martínez, a quien acusan de presuntamente permitir estas prácticas; sin embargo, hasta el momento no se presentan pruebas públicas que acrediten dicha acusación, por lo que deberá ser investigada por las autoridades competentes.
Los habitantes demandan que los recorridos y operativos de seguridad en las comunidades se realicen dentro del marco de la ley y que ningún ciudadano sea obligado a entregar dinero para evitar sanciones o el aseguramiento de sus pertenencias.
El señalamiento abre nuevamente el debate sobre la actuación de las corporaciones municipales y la necesidad de establecer mecanismos efectivos de denuncia, supervisión y rendición de cuentas para evitar abusos contra la población.
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