Esteban Espinoza / Cerritos SLP
Luego de que familiares de Liz, activistas y ciudadanos irrumpieran en una sesión de Cabildo para exigir justicia por la muerte de la joven, la presidenta municipal de Cerritos, Ruth Liliana Castillo Montelongo, emitió un mensaje público en el que buscó deslindar al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad dentro del proceso judicial y, al mismo tiempo, acusó a los manifestantes de ejercer violencia verbal y física en su contra.
La protesta se realizó en medio de los reclamos de la familia de Liz y de quienes han acompañado el caso, quienes han exigido justicia y cuestionado la actuación de las autoridades municipales ante los acontecimientos relacionados con la muerte de la joven.
Tras la irrupción en la sesión, Castillo Montelongo señaló que respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y exigir justicia, aunque insistió en que el Ayuntamiento de Cerritos no tiene facultades para investigar ni determinar responsabilidades.
Según la alcaldesa, desde el pasado 15 de agosto el caso se encuentra dentro de un proceso judicial en Rioverde, por lo que corresponderá a las autoridades competentes y a un juez resolver con base en las pruebas existentes.
“Manifestarse y exigir justicia es un derecho, pero la justicia no la imparte la Presidencia Municipal, ni una plaza pública, ni una protesta”, expresó.
Sin embargo, la presidenta municipal dedicó una parte importante de su posicionamiento a cuestionar lo ocurrido durante la sesión de Cabildo.
Castillo Montelongo aseguró que al recinto ingresó un grupo encabezado por una activista, acompañada por familiares de Liz y dos regidores del Partido Acción Nacional. La alcaldesa acusó a los asistentes de generar actos de violencia verbal durante la sesión y señaló que, ante la falta de condiciones, ésta tuvo que ser suspendida.
También afirmó que cuando intentó abandonar el recinto fue objeto de empujones, amenazas y que se le impidió momentáneamente salir del lugar.
Las acusaciones formuladas por la presidenta municipal corresponden a su versión de los hechos y deberán, en su caso, ser acreditadas ante las autoridades correspondientes, pues anunció que se presentarían denuncias por lo ocurrido.
La alcaldesa sostuvo que responsabiliza a quienes participaron en estos hechos de cualquier situación que pudiera poner en riesgo su integridad, la de su familia o la de sus colaboradores.
Durante su mensaje también pidió evitar publicaciones que, desde su perspectiva, puedan fomentar confrontaciones entre ciudadanos.
El pronunciamiento se produce mientras familiares de Liz mantienen su exigencia de justicia y esclarecimiento total del caso, que ha provocado movilizaciones y reclamos públicos en Cerritos.
La inconformidad también ha colocado bajo escrutinio la actuación del Gobierno Municipal y de la propia alcaldesa, mientras la familia y los colectivos que acompañan el caso insisten en que su demanda central no debe perderse entre señalamientos políticos o confrontaciones: que se esclarezca la muerte de Liz y se determinen las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.