EL ORÁCULO
Por: Esteban Espinoza
Cinco años después, la “maldita herencia” sigue teniendo un lugar privilegiado en los discursos de Ricardo Gallardo Cardona.
Cambian los escenarios, cambian las cifras, cambian las obras anunciadas, pero el enemigo discursivo permanece intacto.
En Rioverde, durante la presentación regional de su Quinto Informe de Gobierno, el mandatario volvió a utilizar decenas de veces de manera textual la expresión “maldita herencia”. Primero para responsabilizar a gobiernos anteriores de haber concentrado el desarrollo en la capital; después para contrastar su forma de gobernar con la de sus antecesores; y finalmente para atribuirles el rezago educativo que, asegura, recibió su administración.
Pero fueron muchas más las alusiones al pasado.
Gallardo habló de “décadas” de abandono, de gobiernos que servían “a unos cuantos”, de comunidades olvidadas y, en dos momentos de su mensaje, de 40 años de abandono que —según su narrativa— cinco años de gobierno todavía no han sido suficientes para reparar.
A estas alturas del sexenio, la pregunta ya no debería ser únicamente qué dejó la llamada “maldita herencia”.
La pregunta también tendría que ser: ¿qué ha hecho el gobierno actual con cinco años de presupuesto, poder político y control institucional?
Porque ya no estamos frente al primer informe.
Tampoco frente al segundo.
Ricardo Gallardo está entrando al último tramo de un gobierno de seis años.
Y el argumento del pasado tiene un problema adicional: buena parte de ese pasado político que tanto cuestiona terminó encontrando acomodo dentro del proyecto que hoy gobierna San Luis Potosí.
Ahí está Rioverde.
Arnulfo Urbiola llegó a la Presidencia Municipal en 2021 postulado por una coalición encabezada por el PRI. Documentos del Tribunal Electoral establecen que renunció a ese partido en febrero de 2023 y posteriormente fue postulado por el PVEM; su incorporación al Verde incluso fue presentada públicamente en abril de ese año.
Así que resulta inevitable preguntarse: ¿dónde termina la “maldita herencia” y dónde comienza el nuevo proyecto, cuando dirigentes, alcaldes y cuadros provenientes de esos partidos terminaron integrados en la estructura política que hoy acompaña al gobernador?
Otro ejemplo es Óscar Bautista Villegas.
Durante años construyó su carrera dentro del PRI. El propio perfil publicado por el Partido Verde reconoce antecedentes en el Frente Juvenil Revolucionario, estructuras priistas y candidaturas del PRI. No podemos olvidar su liderazgo en la “Ecuación Corrupta” del Congreso del Estado en el 2017, cuando extorsionaban a los alcaldes por protección; casualmente la mayoría de esos diputados señalados y que fueron obligados a pedir licencia, hoy están militando en el Partido Verde, y ya por último en 2018 todavía llegó a la Cámara de Diputados como legislador priista. Hoy ocupa nuevamente una diputación federal, pero bajo las siglas del Partido Verde.
Es decir: el pasado al que Gallardo dedica buena parte de sus discursos no desapareció necesariamente de la vida pública potosina.
En distintos casos cambió de camiseta.
También María Leticia Vázquez Hernández formó parte del proyecto del Partido Verde en Cerritos y actualmente es diputada local y coordinadora parlamentaria del PT, fuerza que ha mantenido coincidencias políticas y electorales con el PVEM. Su situación política reciente, además, ha generado cuestionamientos públicos derivados del proceso judicial que involucra a su hijo, aunque ella ha sostenido que dicho asunto no debe afectar su responsabilidad legislativa.
Por eso la insistencia en dividir la historia entre “ellos” y “nosotros” merece una revisión mucho más profunda, porque la lista de figuras de la “Herencia Maldita” que hoy militan en el Partido Verde, es tan larga, que se necesitan varias columnas para mencionarlos a todos.
Porque la política potosina no comenzó en 2021 y tampoco todos los personajes que hoy acompañan al gobernador nacieron políticamente con el Partido Verde.
Un informe sin sorpresa
El acto de Rioverde tampoco representó una ruptura con lo que ya habíamos visto.
Hubo concentración de simpatizantes, funcionarios, alcaldes, legisladores y estructuras políticas. Desde días antes se había anticipado una fuerte movilización de personas e instituciones hacia el Deportivo Ferrocarrilero. Las crónicas posteriores describieron un recinto lleno y una asistencia predominantemente vestida de blanco.
Pero políticamente hubo poco nuevo.
El discurso repitió buena parte de los datos que ya habían sido presentados: programas sociales, infraestructura, escuelas, seguridad, movilidad y MetroRed. Diversas coberturas señalaron precisamente que Rioverde recibió nuevamente las cifras y proyectos del Quinto Informe.
Y tampoco apareció en Rioverde una concentración nacional de gobernadores o figuras políticas de primer nivel que modificara el peso político del acto.
Incluso en la presentación realizada previamente en la capital, donde sí hubo personajes mediáticos y dirigentes partidistas, las crónicas destacaron la ausencia de gobernadores.
Así, el informe regional terminó siendo fundamentalmente un encuentro con la estructura política local y regional que ya conocemos.
Hablar del pasado obliga a transparentar el presente
Hay otro aspecto que no puede perderse entre música, aplausos, transporte gratuito y cifras oficiales: la rendición de cuentas no termina en un escenario ni en una presentación de PowerPoint.
Rendir cuentas significa explicar cuánto se gastó, a quién se contrató, cuánto costaron las obras y bajo qué condiciones se ejerció el dinero público.
Y ahí siguen existiendo preguntas.
El caso de la Feria Nacional Potosina es ilustrativo.
El propio Patronato reconoció que la edición 2025 costó aproximadamente 50 millones de pesos, pero continuó sin transparentar el desglose correspondiente a la contratación de artistas. Medios locales documentaron además que contratos, facturas, proveedores y costos relacionados con artistas fueron reservados durante cinco años.
El portal estatal de datos abiertos de la FENAPO 2026 ofrece información sobre asistencia, eventos, espacios comercializados y oferta laboral, pero no presenta ahí el costo individual de los artistas como parte de esos conjuntos de datos públicos.
Eso también es rendición de cuentas.
Y mientras se presume capacidad financiera para obras, espectáculos y programas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha tenido que reclamar recursos que le corresponden.
Los registros federales de seguimiento al subsidio universitario muestran incumplimientos en diversas ministraciones estatales durante 2026 y reportaban, con corte al 31 de agosto, un adeudo estatal acumulado de 198 millones 1 mil 587 pesos con 50 centavos.
Seguridad: las cifras y la realidad deben discutirse juntas
El gobierno estatal sostiene que San Luis Potosí ha registrado reducciones importantes en homicidio doloso. Según sus datos, 2025 cerró con una disminución del 54.2 por ciento respecto de 2024, y durante 2026 la administración ha difundido reducciones todavía mayores en determinadas comparaciones temporales.
Esos datos existen y deben reconocerse como tales.
Pero también deben analizarse junto con el resto de la incidencia delictiva.
El Secretariado Ejecutivo mantiene disponibles los registros oficiales de delitos y víctimas de enero a agosto de 2026, incluidos los datos municipales. Reducir toda la discusión sobre seguridad a un solo indicador tampoco ofrece una fotografía completa de lo que viven las comunidades.
En municipios de la Zona Media, donde desapariciones, robos, violencia y hechos delictivos forman parte recurrente de la agenda informativa, la experiencia cotidiana de las familias también merece formar parte del balance.
Cinco años después
En Rioverde, Ricardo Gallardo dijo que cinco años “no son suficientes para poder corregir 40 años de abandono”.
Puede ser una explicación política.
Pero también abre inevitablemente otra discusión.
Porque después de cinco años, el gobierno actual ya posee su propia historia, sus propios presupuestos, sus propias decisiones, sus propios funcionarios, sus propias obras y sus propios pendientes.
Ya no todo puede analizarse mirando hacia atrás.
La “maldita herencia” puede servir como referencia histórica. Lo que no puede hacer es sustituir la evaluación del presente.
Y menos cuando algunos personajes provenientes de aquella vieja clase política terminaron incorporados, aliados o postulados por las fuerzas que hoy sostienen al gobierno estatal.
Quizá ésa sea una de las mayores paradojas que dejó el discurso de Rioverde:
Gallardo sigue combatiendo verbalmente a una “maldita herencia” que, en algunos casos, ya comparte espacios políticos con su propio proyecto.
A un año de concluir el sexenio, el debate público tendría que concentrarse menos en quién gobernó hace 20 o 40 años y mucho más en preguntas perfectamente actuales:
¿Cuánto se gastó?
¿Dónde están los contratos?
¿Quién recibió los recursos?
¿Qué obras costaron cuánto?
¿Por qué existen adeudos con instituciones públicas?
¿Qué delitos están creciendo y cuáles disminuyendo?
¿Qué se cumplió y qué quedó pendiente?
Después de cinco años, ésas son las preguntas que corresponden a cualquier ejercicio serio de rendición de cuentas.
Porque el pasado explica una parte de la historia.
El presente, después de cinco años, ya pertenece completamente a quienes hoy gobiernan.