CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El polémico Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, se encuentra en medio de dos fuegos en su contra: Por un lado, se intenta llevarlo a juicio por la supuesta protección que le brindó a un sacerdote pederasta suyo que acaba de ser arrestado y, por el otro, varias organizaciones sociales ya están exigiendo su renuncia debido a sus fuertes críticas contra los llamados matrimonios igualitarios.

El pasado 27 de agosto fue detenido Carlos López Valdés, quien siendo sacerdote de Rivera Carrera estuvo abusando sexualmente, entre 1994 y 1999, de Jesús Romero Colín, quien entonces era un niño. El joven lo denunció desde 2007 ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que apenas hasta ahora lo detuvo.

Cuenta el propio Romero Colín:

“Estoy muy sorprendido con el arresto. Yo denuncié al sacerdote del cardenal Rivera desde hace nueve años ante la procuraduría capitalina. Y esta jamás hizo nada. Lo mantuvo en la impunidad pese a las pruebas en su contra. Hasta ahora se le arrestó, justo cuando el cardenal se está oponiendo duramente a la iniciativa del presidente Peña Nieto que intenta legalizar los matrimonios gay”.

Uno de los abogados de Romero, David Peña, asegura por su parte:

“Hubo acuerdos no escritos entre la Iglesia y el poder público. La detención de Carlos López se debió a un cambio, a una recomposición de estos acuerdos. Solo eso explica que hoy se le haya arrestado, luego de varios años de que las autoridades no hicieron absolutamente nada”.

—¿A partir de este arresto, intentarán que se castigue a supuestos encubridores de nivel jerárquico más alto?

—Mire, el arresto de Carlos es solo la punta del iceberg. Detrás de sus abusos hubo todo un entramado que le dio protección y nosotros estamos decididos a desenmarañarlo. Por lo menos desde 2007, cuando la víctima denunció al sacerdote, está comprobado que Norberto supo de sus abusos —aunque nosotros suponemos que lo sabía desde años antes— y aun así no lo denunció ante las autoridades civiles ni tampoco quiso aportar elementos para la investigación. Y quien está obligado a colaborar y no lo hace, se convierte en cómplice.

JUICIO ECLESIÁSTICO

“Norberto se limitó a hacerle un juicio eclesiástico a su sacerdote, en el que se le encontró culpable. Y luego se le quitó el ministerio sacerdotal. Es como si un miembro de un club deportivo cometiera un asesinato dentro del club y las autoridades de este solo le quitaran la membresía al asesino sin denunciarlo a las autoridades. Norberto hizo exactamente lo mismo”.

“Por lo pronto, ya tenemos al ex sacerdote en la cárcel. Hay pruebas suficientes para sujetarlo a proceso y para sentenciarlo. A partir de ahí jalaremos el hilo para ver hasta dónde llega. ¿Quién estuvo ocultando sus delitos dentro del arzobispado? ¿Quién maniobró para que no se le arrestara durante tanto tiempo? ¿Quiénes mantuvieron congelado el caso dentro de la procuraduría?… Intentaremos dar con los responsables”.

La víctima, Romero Colín, era un niño de 11 años cuando, en 1994, entró a ayudar como acólito al padre Carlos López en la parroquia de San Agustín de las Cuevas, ubicada en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Desde entonces y hasta 1999 el sacerdote estuvo abusando sexualmente de su monaguillo en la misma casa parroquial.

Avergonzado y confundido, Romero Colín no se atrevía a comentarle los hechos a sus padres, quienes eran muy devotos y cercanos al párroco. Hasta 2007 se atrevió a revelarles el doloroso secreto. Su madre, inmediatamente, denunció al sacerdote con el entonces obispo auxiliar Jonás Guerrero, encargado de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis y superior inmediato del sacerdote acusado de pederastia.

Pero asegura Romero Colín que, desde años atrás, Jonás ya sabía de la conducta delictiva de su subalterno:

“En 2004, el seminarista Alexander Félix, muy allegado a la parroquia del padre Carlos, descubrió una serie de fotografías donde este aparecía violando niños. Muy decepcionado, el seminarista le entregó las fotos al obispo Jonás. Y este no hizo nada. Decidió encubrir a su subalterno”, asegura.

En 2007, la madre de Romero Colín no solo se quejó ante la arquidiócesis, sino también denunció al sacerdote en la PGJDF, cuya Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales tomó el caso y lo mantuvo congelado.

INHABILITADO

La arquidiócesis, por su lado, ese mismo año le abrió un proceso en su tribunal eclesiástico. Además, el obispo Jonás le pidió a monseñor Marcelino Hernández, también obispo auxiliar de la arquidiócesis, que le diera tratamiento al acusado de pederastia en la Casa Damasco, un internado para sacerdotes con problemas psicológicos y de adicción y que entonces dirigía Marcelino.

El tribunal de la arquidiócesis finalmente encontró culpable de pederastia al cura, por lo que en 2011 el Vaticano lo inhabilitó como sacerdote. Sin embargo, durante todo el tiempo que duró su juicio eclesiástico, el padre Carlos indebidamente estuvo oficiando misas en la Ciudad de México. Y después de quedar inhabilitado se fue a vivir tranquilamente a su casa de descanso de Jiutepec.

Ante tanta impunidad, en 2013 Romero Colín le envió una carta al Papa Francisco contándole sus tribulaciones. Y el pontífice, inusitadamente, le contestó a través de otra misiva que escribió de puño y letra. En ella le dice a la víctima que siente “dolor” y “vergüenza” por su caso. Y le pide “perdón en nombre de la Iglesia” (Proceso 2004).

Mientras tanto, la procuraduría seguía dándole largas al asunto, por lo que, en abril de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le emitió una recomendación —la 1/2015— en la que le pidió actuar y también sancionar a sus funcionarios que, con prácticas dilatorias, le obstaculizaban el acceso a la justicia a Romero Colín.

Fue hasta octubre de ese año cuando la procuraduría por fin citó a declarar a Jonás Guerrero, ya siendo obispo de Culiacán. Dos meses después, en diciembre, citó a Marcelino Hernández, actual obispo de Colima. Ambos confesaron que supieron de los abusos de López Valdés. Pero nunca lo denunciaron ante las autoridades civiles. Solo le recomendaron tratamiento psicológico en Casa Damasco.

Finalmente, el pasado 27 de agosto, fue arrestado en Jiutepec, donde ya se ganaba la vida trabajando de “cerillo” en un centro comercial. Fue trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Ahí está preso y acusado por el presunto delito de “violación”, con el número de expediente 244/2008, llevado por el Juzgado 55 de lo Penal, de ese reclusorio.