CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.

La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Sólo pugnas internas de la cúpula militar protagonista de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas permitieron, muchos años después, acercarse a una versión castrense de los hechos: que el Estado Mayor Presidencial (EMP) disparó contra la multitud y contra las tropas desplazadas para dispersar la manifestación.

La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.

El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa.

BIEN PROTEGIDO

La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadounidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco.

La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979.

Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox.

El encargado de la fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, no pudo llegar a más por la cerrazón del Ejército y la protección que ese instituto disfrutó desde la Procuraduría General de la República (PGR), en manos entonces del general retirado Rafael Macedo de la Concha, designado por Fox.

Con información a medias, el fiscal apenas consignó a una decena de mandos tanto del Ejército como del EMP por la masacre de Tlatelolco. Pero no llegaron a juicio. Varios se murieron en condición de indiciados y otros fueron exonerados por la justicia federal. La propia fiscalía les había dejado la puerta abierta al acusarlos de genocidio, lo que fue rechazado por los tribunales federales. El único que sufrió prisión domiciliaria bajo esa acusación fue el ex presidente Luis Echeverría.

Aunque se hizo pública la confrontación entre los mandos de la Sedena y el EMP, los jefes militares que alcanzaron a declarar ante la fiscalía mantuvieron el pacto de silencio, sin esclarecer la actuación castrense en la represión.

El número de muertos nunca ha sido esclarecido por el Ejército. A la confusión contribuyó también la fiscalía especial, que al consignar el expediente de la matanza en Tlatelolco estableció que sólo hubo 21 muertos, 11 de ellos estudiantes.

La cifra real de los decesos difícilmente se sabrá. El Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México declaró perdidos los registros de las necropsias practicadas ese año.

MISMO “MODUS OPERANDI”

Como entonces, ahora el Ejército también se opone a esclarecer su papel en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

La cerrazón y el silencio se impusieron de nuevo. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, cerró las puertas del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, a las investigaciones sobre ese crimen. Como en el 68, militares en activo y en retiro tenían el control de la seguridad pública en los escenarios de la tragedia.

Aunque Cienfuegos se empeña en deslindar a sus hombres de lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, las evidencias demuestran el control del Ejército en esa zona.

A pesar de ello, y de acuerdo con estadísticas oficiales, Guerrero está en los primeros lugares en incidencia delictiva pese a que la entidad es sede de la IX Región Militar, con sede en Acapulco.

A diferencia de otras regiones militares, que abarcan dos o más estados, ésta comprende sólo Guerrero. Ahí, el Ejército tiene desplegados a 6 mil 729 efectivos, sólo por debajo de la VI Región Militar, que tiene jurisdicción sobre Puebla, Veracruz y Tlaxcala, según datos de la Sedena.

El comandante de la IX Región Militar es el general Alejandro Saavedra Hernández, mientras que el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal es el general en activo Alejandro Almazán Cervantes.

Pese a estos hechos, la entidad ocupa el primer lugar nacional en producción de amapola y también en homicidios dolosos.

Durante los primeros 10 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta el 27 de octubre pasado, se han perpetrado mil 849 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde octubre de 2015, el general Saavedra Hernández encabeza la estrategia federal de seguridad en Guerrero. No es ningún improvisado en la zona. En 2014, cuando la desaparición forzada de los normalistas, era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo y de la que depende el 27 Batallón de Infantería.

Por esa razón, activistas y normalistas de Ayotzinapa han pedido que se investigue su participación en el ataque contra los 43 estudiantes de magisterio.

Pero, de hecho, dos meses después de la agresión (el 20 de noviembre de 2014) el presidente Enrique Peña Nieto ascendió a Saavedra Hernández a general de División, y el 1 de diciembre siguiente fue designado máximo jefe militar de Guerrero. Como comandante de la IX Región Militar tiene el control de las dos zonas militares: la 35 (con sede en Chilpancingo) y la 27 (Atoyac).